Diario online del Transporte de Mercancías por Carretera / Jueves 17 de Mayo 2012 / Número 2.308
Según informan desde Fenadismer, el encuentro concluyó, tras varios meses de negociación, sin haberse alcanzado ningún acuerdo, "ante el rechazo de las asociaciones de cargadores e intermediarios a aceptar la propuesta de las organizaciones de transportistas que se basaba en establecer una regulación de obligado cumplimiento para actualizar el precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, así como el establecimiento de un plazo máximo de pago a 30 días desde la fecha de presentación de la factura, sin que fuera posible pacto en contrario en perjuicio del transportista".
Fenadismer considera la actuación de las asociaciones de cargadores e intermediarios "una provocación" para las empresas transportistas en la actual coyuntura económica y de grave crisis del sector, "pretendiendo persistir en la situación de sometimiento que vienen soportando". "Ante dicha negativa las organizaciones nacionales hemos acordado dar por rotas las negociaciones y exigir a la nueva ministra de Fomento que apruebe con carácter urgente un paquete de medidas legislativas de apoyo al sector para la mejora de las condiciones de contratación de las empresas transportistas", informa la federación mediante un comunicado.
Legislar para ayudar
Concretamente, Fenadismer planteará que se legisle sobre las siguientes materias:
- Establecimiento de una regulación sectorial sobre plazos máximos de pago a 30 días, calificando como infracción muy grave su incumplimiento.
- Prohibición de prácticas de dumping en la contratación de servicios de transporte, estableciendo un tipo infractor que sancione contratar por debajo de costes, tomando como referencia el Observatorio de costes del transporte que publica trimestralmente el Ministerio de Fomento.
- Regulación de la actividad de intermediación en el transporte, con el objetivo de evitar los actuales abusos (sucesión de empresas, insolvencias, etc). Entre las medidas a aprobar se plantea la de exigir obligatoriamente garantías de solvencia a los intermediarios, conceder una acción directa la transportista para el cobro de su servicio contra la empresa cargadora principal y limitar el número máximo de subcontrataciones en cada servicio de transporte.
