Tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, incorporando además una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales. Sin embargo la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición ha permitido la carencia de efecto real de dicha norma legal, provocando una mayor tensión en las relaciones comerciales.