A las puertas de que comience en el Congreso el debate sobre la nueva Ley de Movilidad, Greenpeace recuerda que el transporte público ha sido un servicio fundamental durante el confinamiento, garantizando el acceso a los puestos de trabajo esenciales, y demanda un mecanismo estable de financiación estatal donde la fiscalidad verde se destine a impulsar el transporte sostenible.
La organización ecologista propone un fondo de financiación que se nutriría de ingresos procedentes de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante (como la aviación) o aportaciones de grandes generadores de movilidad, como sucede cuando una gran empresa deslocaliza su sede obligando a su personal a desplazarse fuera de la ciudad.
Greenpeace entiende que los fondos podrían proceder de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante (como el aéreo) y de aportaciones de grandes generadores de movilidad
Esta propuesta forma parte del paquete de medidas elaborado por Greenpeace para la futura Ley de Movilidad, una iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que deberá proporcionar un marco estable de regulación, planificación y financiación para la movilidad estatal. La elaboración de esta ley fue una de las demandas de Greenpeace a los partidos de las pasadas Elecciones Generales en 2019. Unas propuestas destinadas a lograr un modelo de movilidad socialmente justo y que consiga reducir las emisiones del transporte, un sector actualmente responsable del 29% de las emisiones de CO2 a nivel nacional.
Greenpeace advierte que la demanda del tráfico rodado se ha recuperado mucho más rápido que la del transporte público y recuerda que la contaminación atmosférica supone más de 31.600 muertes prematuras al año en España, según datos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Por este motivo, la organización ecologista demanda a las Administraciones más medidas para evitar los picos de contaminación que agravan la incidencia y letalidad de las enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID-19.
Trato desigual a la automoción
La propuesta de Greenpeace para la Ley de Movilidad supondría dar la vuelta a un esquema de financiación que sigue priorizando los intereses de las industrias más contaminantes. El Ministerio de Industria acaba de anunciar que destinará al sector de la automoción 10.000 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación de la Unión Europea, una cantidad que triplica los 3.750 millones prometidos inicialmente en junio para ayudas al automóvil y que se suma a los 1.500 destinados a rescatar compañías aéreas. Estas grandes cantidades contrastan con los fondos dedicados al transporte público, que a día de hoy se limitan a un fondo de 800 millones para el transporte regional y 275 para el urbano, estos últimos aún sin confirmar.
“Desde el Gobierno insisten en anunciar un nuevo modelo de movilidad basado en transportes limpios, pero cuando toca repartir fondos, la mayor parte se la llevan las industrias más contaminantes, perpetuando un modelo dependiente del coche que se ha demostrado insostenible con el clima y que deja fuera a gran parte de la población”, ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, quien lamenta que “demandas tan evidentes como equiparar la fiscalidad del diésel se utilicen como moneda de cambio en los Presupuestos, demostrando la influencia que el sector del motor sigue ejerciendo en la política”.
