La ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez, explicó en rueda de prensa que a España esta propuesta de la CE "le afecta muy poco". Aclaró que lo que se plantea es una obligación de colaboración en infracciones con carácter penal, pero que en España la mayoría de ellas no tiene ese rango. "En cualquier caso -puntualizó- España quiere que se llegue a un acuerdo, pero sin dejar de defender sus intereses".
La primera duda que asaltó a los Veintisiete es si la UE tiene realmente competencia para legislar en este ámbito. Tal y como ha planteado la cuestión la CE, las autoridades que detecten a un infractor tendrán que ponerse en contacto con la policía del país de origen del conductor para que ayude a identificarlo. Luego, la autoridad nacional relevante se encargará de notificar la infracción al propietario del vehículo y le pedirá que abone la multa pertinente y si no lo hace en el plazo de dos meses podrá llevar el caso a un tribunal para que dicte una resolución penal. El carácter penal de la resolución que dictaría el juez hace dudar de si la UE tiene o no competencia en este sentido.
Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se pueden aplicar sanciones penales si son necesarias para hacer cumplir las normas comunitarias; el problema es que la Unión Europea no dispone de normas comunes de circulación vial.
Opiniones encontradas
Francia, que preside la UE este semestre, ha planteado el pasado viernes a los ministros si estarían dispuestos a elaborar normas comunes en esta materia, pero la mayor parte de los estados ha rechazado la propuesta, entre ellos Holanda e Irlanda. En cambio, estados como Rumanía y Portugal consideran que el fin justificaría la creación de normas comunes, aunque con ello pierdan competencias las autoridades nacionales. Países como Grecia, en cambio, se han mostrado flexibles en relación a la base jurídica que se aplique, pero han insistido en la necesidad de que se persigan los cuatro tipos de infracciones propuestas en un principio: exceso de velocidad, alcohol al volante, no utilizar el cinturón y saltarse un semáforo.
Otra opción que ha parecido tomar cuerpo es que la medida se limite a un intercambio de información, excluyendo la parte penal, con lo que se perdería casi todo el peso de la iniciativa y habría que completarla con otras medidas más adelante. Aquí también se mostraron divididos los ministros. Mientras que algunos consideran que limitarlo a un intercambio de información dejaría la medida sin efecto, otros prefieren que así sea y añadir cláusulas adicionales más adelante para extender su alcance.
