Tres entidades relacionadas con el sector del transporte como son la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, (Aesleme), la Fundación MAPFRE y la Asociación Española de la Carretera entregan a los partidos políticos 30 propuestas para incluir en sus programas electorales relacionados direcamente con la seguridad vial. Esta preocupación las ha llevado a involucrarse desde hace años en este tema y por ello han querido aportar su granito de arena a propósito de la inminencia de las Elecciones Generales, previstas para marzo de 2008.
Máxima prioridad
Por este motivo, MAPFRE, Aesleme y la Asociación Española de Carretera han confeccionado un texto de gran calado técnico, jurídico, social e incluso sanitario, que pretende profundizar en las soluciones al problema de la siniestralidad en carretera. En total, el informe contiene 30 propuestas que, si no estrictamente novedosas, tampoco son las habituales en los debates políticos.
Una de las más importantes por su alcance y consecuencias es la de considerar la seguridad vial como máxima prioridad en la próxima legislatura, junto a asuntos tan esenciales como el terrorismo, la inmigración, el empleo o la vivienda. Recuerdan los responsables del informe que así ocurrió en Francia hace cinco años, cuando el presidente Chirac estableció entre sus tres políticas prioritarias la "lucha contra la violencia vial", dando como resultado un descenso espectacular de las muertes en carretera.
En el apartado institucional, se aboga por la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Vial adscrita a la Vicepresidencia del Gobierno, la cual tendría amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial. Precisamente, la coordinación entre distintos órganos de la administración y entre distintas administraciones es otro de los puntos en los que la propuesta hace mayor hincapié. En el plano puramente operativo, el informe defiende un replanteamiento profundo de los Planes Nacionales de Seguridad Vial, a fin de que su contenido y los procedimientos para su elaboración y aprobación permitan hacer un seguimiento exhaustivo de los mismos.
Las entidades firmantes del informe han querido dejar claro que éste no es una simple declaración de intenciones y aseguran que las medidas propuestas sólo pueden hacerse realidad si se acompañan de unos incentivos fiscales o unas dotaciones presupuestarias específicas, sin las cuales "todo ello se quedaría en una pura declaración programática sin compromiso político". Concretamente, se reclama un incremento de las dotaciones presupuestarias para conservación de carreteras hasta alcanzar, a final de la legislatura, un importe equivalente al 2% del valor patrimonial de la red. Del mismo modo, plantean el aumento de las inversiones para cubrir en plazos muy reducidos la corrección de tramos peligrosos o de concentración de accidentes. Y en definitiva, dinero suficiente para dotar de recursos humanos y tecnológicos a todos los organismos competentes en seguridad vial.
