La decisión fue tomada por la Mesa de la Cámara regional e informada por el presidente del Parlamento canario, Antonio Castro.
Castro, que acordó encargar un estudio a los servicios jurídicos de la institución sobre este asunto, explicó que el conflicto entre Estado y Comunidad Autónoma se encuentra en que la norma autonómica modifica la estatal en lo referente al plazo previsto para la instalación de tacógrafos digitales en los vehículos, dada la especial situación geográfica de Canarias.
Por su parte, el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, reiteró el interés del Ejecutivo canario por llegar a un acuerdo con el Estado para subsanar sus discrepancias al respecto.
