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IU e ICV piden una reducción del 50% en infraestructuras y el cambio de denominación del Ministerio

lunes 14 de abril de 2008, 01:00h

Los diputados de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que reclaman cambiar la denominación del Ministerio de Fomento por la de Ministerio de Transporte y Movilidad, así como reducir la inversión en infraestructuras de transporte al 50% en un plazo de ocho años, con el fin de potenciar el gasto en la gestión. 

El texto propone, igualmente, planes estratégicos y sectoriales, directrices y estudios de viabilidad y evaluación de la movilidad, para cuyo diseño la formación reclama la creación de un Observatorio de la Movilidad Metropolitana y un Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible. A nivel del Estado, se exige la elaboración de un plan estratégico de infraestructuras y transporte -carretera, marítimo y ferrocarril-, programas para transporte no motorizado, aplicación de directivas sobre movilidad sostenible y políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Para las comunidades autónomas, obliga a diseñar planes autonómicos con un diagnóstico e iniciativas sobre el tráfico interurbano.

En el caso de los ayuntamientos, se piden planes de movilidad urbana en municipios que superan los índices de contaminación o de más de 20.000 habitantes, mientras para las empresas demanda políticas de reducción del tráfico en polígonos industriales, áreas de ocio, comerciales o espacios universitarios, así como planes de empresa para las compañías de más de 200 trabajadores, entre otras cuestiones. Ya en julio del año pasado, el entonces grupo parlamentario de IU-ICV, Los Verdes, el sindicato CC.OO. y las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción, presentaron una iniicativa similar. 

IU e ICV retoman otra proposición de ley elaborada con estos mismos socios, y que fue presentada a principios de este mismo año, referente al ahorro y uso eficiente de la energía. Ésta recoge la puesta en marcha de una serie de actuaciones y medidas de gestión, entre las que destaca la disponibilidad de auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios finales, especialmente para las pymes y los sectores residencial-terciario. Para la realización efectiva de los objetivos e instrumentos previstos en la ley, se propone la creación de la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables como ente administrativo e institucional, y el Consejo Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, como órgano de participación social, económica y ciudadana.