Con motivo de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley de reforma de la Ley de Tráfico, la mayoría de los encuestados creen que el nuevo tope de velocidad en ciertos tramos será practicable siempre que las carreteras estén en condiciones, ya que en los últimos años se ha reducido de forma notable la inversión en conservación de las vías.
Además, el proyecto de ley también prevé reducir los límites en carreteras secundarias, una medida que rechaza de plano el 80%, que defiende como principal argumento la mejora de la calidad de las infraestructuras viarias que, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), ha retrocedido a niveles de hace 25 años.
La reforma, por otro lado, hará que las sanciones por ingesta de alcohol y drogas cuesten el doble, al pasar de los 500 a 1.000 euros, un cambio que los conductores no lo ven muy claro. De hecho, el 58% cree que esta medida, más que velar por la seguridad y la siniestralidad en carretera, responde a un fin recaudatorio. Asimismo, la encuesta de la consultora experta en automoción e Internet muestra cómo casi cuatro de cada 10 usuarios considera apropiada esta medida siempre y cuando consiga disuadir a quienes conduzcan con una tasa de alcohol superior a la permitida.
