La ronda ha comenzado con la reunión de las administraciones integrantes del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar –Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y siete municipios-, que han celebrado una sesión extraordinaria para abordar la adaptación de dicho ente a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que implica entre otros aspectos un cambio de su régimen jurídico y financiero.
La adecuación a la norma estatal afecta al conjunto de los nueve consorcios que prestan el servicio público de transporte en las áreas metropolitanas andaluzas, de ahí que esté prevista una ronda de reuniones en todos ellos, dando respuesta así a la iniciativa del Gobierno andaluz de abordar el futuro de dichos entes antes de que expire el plazo para la adaptación, al objeto de garantizar la prestación óptima del servicio a partir del año que viene. A pesar de que la norma estatal entró en vigor en diciembre de 2013, los consorcios creados con anterioridad tienen de plazo un año para adaptarse a los nuevos requerimientos, por lo que las nuevas exigencias serán efectivas a partir de enero de 2015, ha informado la Junta de Andalucía.
Aportaciones extraordinarias de la Junta
La Ley 27/2013 obliga a los consorcios a estar adscritos a una de las administraciones que lo integran, y dado que la Junta de Andalucía ostenta en cada uno de ellos una participación superior al resto, será la Consejería de Fomento y Vivienda la responsable de asumir su titularidad. Esa consideración de entes autonómicos supone un cambio en el reparto de las participaciones públicas establecido hasta ahora en los consorcios, fijado en un 45% para la Junta, un 50% para todos los ayuntamientos de cada aglomeración y un 5% para cada Diputación.
Con las nuevas condiciones, la Junta pasará a ostentar la representación mayoritaria, con un porcentaje superior al 50%, lo que supone una modificación en la gestión, la administración, el presupuesto y las inversiones de dichos entes, en función de las nuevas competencias. Esta apuesta de la Junta se ha explicitado en los últimos años con una aportación económica cada vez mayor en los presupuestos de los nueve consorcios. Desde 2010 Fomento y Vivienda ha contribuido a sus cuentas con fondos autonómicos por valor de 75 millones de euros, destinados tanto por vía ordinaria como extraordinaria, lo que implica que la Consejería que dirige Elena Cortés ha realizado una inyección adicional de más de 20,5 millones, es decir un 10% (55% frente a 45%) más de lo exigido legalmente por los estatutos.
La actual situación de crisis económica y de restricciones de las arcas públicas, que ha traído como consecuencia la congelación de las aportaciones municipales a los consorcios, la Junta de Andalucía viene asumiendo la necesidad de incrementar los fondos autonómicos para dotar a estos organismos de mayor equilibrio financiero y estabilidad presupuestaria.
300 millones de desplazamientos al año
Desde la Junta se ha trasladado a ayuntamientos y diputaciones que la Consejería considera fundamental el compromiso de municipios y diputaciones para garantizar la óptima prestación de los servicios en el nuevo escenario que se abre a partir de enero de 2015 para los consorcios, que suman el 92% de la demanda total de transporte público de Andalucía. Ese porcentaje supone que en la comunidad autónoma se realizan al año 300,7 millones de desplazamientos a través de los autobuses urbanos e interurbanos, el metro de Sevilla, el catamarán de la Bahía de Cádiz y el servicio de Cercanías de Renfe, suscrito a la red de consorcios. +
Los consorcios prestan servicio en 197 municipios a 5,4 millones de habitantes, más del 60% del total regional. El primer ente que se creó fue el de Sevilla, en 2002; y posteriormente se le sumaron el de la Bahía de Cádiz y el de Granada, en 2004; Málaga, en 2005; Campo de Gibraltar, en 2007; Almería, Jaén y Córdoba, en 2009. El de Huelva se constituyó en 2010.
