La CE estima además que el 'céntimo' es un coste añadido más en los muchos que ya soportan los pequeños transportistas y las actividades profesionales autónomas que dependen fundamen-talmente del transporte. Según han expresado el responsable sectorial del transporte de UPTA, Eduardo Abad Sabarís, y el secretario general de esta organización, Sebastián Reyna, no es comprensible que, "siendo ya suficientemente altos los impuestos especiales sobre hidrocarburos, deban de ser estos productos, tan importantes para la actividad económica, los que sufran la presión de este impuesto complementario, cuando los gastos sanitarios, tan importantes para todos, deberían ser cubiertos con los impuestos ordinarios que pagan todos los ciudadanos".
UPTA estima que, teniendo en cuenta la situación económica y el efecto sobre la inflación que tienen los costes del transporte, más aún en el escenario de un crecimiento permanente del barril de petróleo, "debería abordarse definitivamente una regulación del gasóleo profesional que permita aligerar los precios de los combustibles también para el transporte ligero, y para las actividades transportistas vinculadas y necesarias para otras actividades profesionales".
600 millones anuales
Fenadismer se ha sumado a la opinión emanada de UPTA, al transmitir expresamente su felicitación formal al comisario europeo de Energía y Transportes, como consecuencia del dictamen que ha dirigido al Gobierno español instando a la supresión del citado impuesto. "En la actualidad dicho impuesto está siendo aplicado por seis Comunidades Autónomas (Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia) obligando a contribuir a las empresas de transporte por carretera (camiones, autobuses y taxis) con algo más de 600 millones de euros anuales, dado que el sector del transporte soporta la mayor recaudación de este impuesto, con algo más de un 70%".
Asimismo, Fenadismer insiste en recordar que "tras la aprobación por el Parlamento en 2006 de nuevas medidas tributarias para la financiación sanitaria, se facultó a las Comunidades Autónomas para que a partir del año siguiente pudieran duplicar la recaudación por dicho impuesto, hasta los 4,8 céntimos de euros por litro". Por ello, la Asociación va a solicitar al Gobierno español que con carácter inmediato proceda a la derogación de la ley de creación de dicho impuesto.
