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La Ley andaluza de Movilidad Sostenible será la primera de España en supeditar las infraestructuras a su rentabilidad social

El anteproyecto busca incrementar el uso del transporte público, la bicicleta y el ferrocarril de mercancías

miércoles 24 de septiembre de 2014, 02:00h

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías.

los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible en cada área metropolitana.
los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible en cada área metropolitana.

El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales por los que serán tenidos en cuenta.

De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche (que necesita 30 veces más que el autobús para transportar al mismo número de personas).

Junto con esta garantía de viabilidad social y ambiental en las infraestructuras y servicios, el anteproyecto recoge el diseño de toda la planificación de la movilidad a escala autonómica, territorial y urbana.

Medidas

La norma recoge cuatro tipos de documentos: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible; los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015.

De estos planes, ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. El primero de ellos, el de mayor ámbito y con carácter prevalente sobre el resto, establecerá el programa completo de servicios e infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones de inversión y todo el marco de medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de mercancías. El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica.

Por su parte, los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible en cada área metropolitana, así como objetivos y criterios para el trazado de vías peatonales y ciclistas y de plataformas reservadas al transporte público en tramos de competencia autonómica. Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad.

Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento.

Asimismo, los Planes Urbanos identificarán los denominados 'Centros Generadores de Movilidad Sostenible', en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad.

El anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un incremento significativo de la movilidad tendrán que ir acompañados de un estudio específico sobre el tema. Este documento evaluará los desplazamientos potenciales generados; determinará la capacidad de absorción de las infraestructuras existentes y planteará posibles medidas correctoras. La Consejería de Fomento y Vivienda emitirá un informe vinculante en un plazo de tres meses. La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Estos porcentajes de participación se establecerán reglamentariamente.