Las asociaciones nacionales de transportistas se reunieron el pasado jueves con representantes del Ministerio de Fomento para dar cuenta de su preocupación por la nueva ley de regulación del salario mínimo alemán. Y es que por primera vez el Reichstag ha establecido un salario mínimo de 8,5 euros/hora, que se aplicará a todos los trabajadores, inluidos los de los servicios de transporte que discurran por las carreteras alemanas, pese a que sean de empresas extranjeras.
El Gobierno alemán establecerá además una serie de requisitos burocráticos que van a dificultar la prestación de los servicios de transporte en dicho país, ya sean de transporte interior o internacional, al exigir que todos los conductores profesionales procedentes de los demás países de la Unión Europea se registren previamente a su circulación por las carreteras alemanas, rellenando un complejo formulario disponible sólo en alemán, y que además designen un representante en dicho país para responder de los posibles incumplimientos de la normativa alemana en materia de salarios.
Dificultades al mercado exterior
Desde Fenadismer valoran positivamente el objetivo de la reforma alemana de luchar contra el dumping social y fiscal en el Sector del transporte por carretera en Europa, para evitar la situación actual de competencia desleal que de forma creciente están llevando a cabo empresas de transporte, que establecen su domicilio social en terceros países a los exclusivos efectos de aprovecharse de unos menores costes fiscales y laborales, pero que en la práctica desarrollan su actividad de transporte principalmente fuera del país donde se han establecido. Sin embargo, creen que dichas medidas antidumping "deben ser aprobadas de forma homogénea y coordinada a nivel europeo, para evitar que actuaciones unilaterales a nivel nacional, como la aprobada por Alemania o anteriormente por Bélgica y Francia relativas a la prohibición de descanso en cabina, tengan como efecto atentar contra el principio fundamental establecido en el Tratado de la Unión Europea de libre circulación de mercancías y pasajeros".
Por ello, las asociaciones nacionales de transportistas han acordado instar a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a que defienda ante la Unión Europea los intereses de las más 27.000 empresas transportistas españolas que realizan transporte internacional, con una flota conjunta de más de 100.000 vehículos, que supone la tercera parte del total de la flota española, teniendo en cuenta que la flota española exporta anualmente a Alemania más de 4,4 millones de toneladas de productos españoles e importa más de 3,5 millones de toneladas procedentes de dicho país.
