Las autoridades españolas tienen ahora un período de dos meses para llevar a cabo medidas correctivas. De no hacerlo, el Ejecutivo comunitario podría llevar el expediente ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La directiva en cuestión establece un objetivo del 10% de energías renovables en el sector de los Transportes. Los biocombustibles pueden utilizarse para este fin, pero con el requisito de cumplir una serie de requerimientos en el tema de la sostenibilidad: no pueden producirse ni en zonas con gran valor en materia de biodiversidad, como los espacios protegidos, ni en zonas que contienen grandes reservas de carbono, como las forestales. También tienen que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera significativamente mayor que los combustibles fósiles.
Contrariamente a lo dispuesto en la directiva, la legislación española suspende la aplicación de los criterios de sostenibilidad en España para alcanzar el objetivo en el Transporte. Además, la legislación española trata los biocarburantes sostenibles y las materias primas de diversos orígenes geográficos de diferente forma, lo que no tiene justificación, según revelan desde Bruselas.
La Comisión ha chocado con problemas parecidos en procedimientos por incumplimiento contra Polonia y Portugal.
