Los ministros de transportes de los 28 Estados miembros de la UE se reunieron el pasado 11 de junio en Luxemburgo para celebrar una sesión del Consejo. La reunión, última que se hace en materia de transportes bajo presidencia letona, sirvió para que Luxemburgo anunciase sus prioridades para su inminente presidencia europea (julio-diciembre 2015).
Entre las primacías de la presidencia luxemburguesa estarán los aspectos sociales del transporte por carretera y la contribución del Consejo de la UE a la revisión del Libro Blanco del Transporte.
Asimismo, el cuarto paquete ferroviario centró buena parte de la reunión. Los ministros se mostraron de acuerdo en que se ha avanzado mucho en el pilar técnico que contiene el paquete, descuidándose el pilar de mercado (que desarrolla las medidas para una mejor gobernanza y la apertura del mercado). Por ello, se hizo un cálculo de las propuestas de gobernanza y apertura de los mercados en el marco del cuarto paquete ferroviario. Dichas proposiciones tienen por objeto liberalizar los servicios ferroviarios en la UE y fortalecer la gobernabilidad de los mismos.
Además de cuestiones sobre independencia de regulador y gestor de infraestructuras frente a operadores, del debate se desprende que los países parecen encaminarse a introducir licitaciones competitivas obligatorias de los servicios ferroviarios pero también hay empeño por mantener varias excepciones a elegir por el país para realizar adjudicaciones directas de contratos y ampliar el período de transición para que eso ocurra. En cualquier caso, aún queda mucho debate en este tema.
También tuvo lugar una presentación por parte de la Comisión Europea de una evaluación intermedia sobre la estrategia en materia de seguridad vial para la década actual. Ahí quedó patente que la Comisión está satisfecha con las medidas adoptadas y lo conseguido hasta el momento, aunque reconoce que necesita una reducción anual del 7,8% de las muertes en carretera para conseguir cumplir su objetivo político de limitar las mismas en un 50% en 2020; de ahí que señalase que se necesitan más esfuerzos no solo por la UE sino también a nivel nacional (dado que se trata de una materia donde hay competencias compartidas entre UE y Estados miembros). La Comisión también resumió los trabajos desarrollándose actualmente, donde destaca la revisión de la Directiva de formación de conductores.
En su evaluación, la Comisión recogió que tiene dudas de que se consiga una reducción más rápida puesto que la situación económica actual sugiere que aumentarán los volúmenes de tráfico. De igual modo parecía descartar la promoción de límites de velocidad bajos en áreas sensibles para no contradecir los objetivos medioambientales de reducción de emisiones y de consumo de combustible porque en el caso de vehículos de propulsión convencional sería contraproducente.
Por ello, ha sopesado la idea de sugerir un trasvase a un transporte urbano más sostenible a la vez que reconocía que tiene problemas para promover la bicicleta y caminar como formas de movilidad sostenible debido a que son necesarias medidas para asegurar la protección de ciclistas y peatones.
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