Los empresarios no pueden seguir soportando y asumiendo por adelantado el pago, durante un trimestre completo, de todos los costes que generan la prestación de los servicios de transporte escolar a la Dirección General de Educación de la CM, como son las nominas, seguros sociales, IVA, gas oíl, monitoras, así como los costes indirectos que se generan en este tiempo, pues esta situación asfixia económicamente a las empresas, que además vienen soportando otros gastos financieros derivados de situaciones anteriores semejantes.
Si los servicios ya realizados no son pagados en el transcurso de esta misma semana, se provocará un colapso en las empresas transportistas por encontrarse al límite de sus posibilidades para hacer frente a otros pagos debidos, incluido el combustible, para poder seguir prestando servicios.
El transporte escolar a los centros públicos cumple la función de garantizar el propio derecho a la educación. Pero, además, proporciona la movilidad, que es el derecho al desplazamiento.
Ante esta situación, las empresas se ven en la necesidad de solicitar el pago con carácter de urgencia, así como reclamar los intereses devengados y la indemnización por los costes de cobro previstos legalmente, como consecuencia de la demora en el pago de los servicios prestados por transporte escolar pendientes de recibir desde diciembre de 2015, todo ello en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
