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La IRU pide a la Comisión Europea que intervenga en el asunto de la Ley Macron.
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La IRU pide a la Comisión Europea que intervenga en el asunto de la Ley Macron.

La IRU insta a posponer la entrada en vigor de Ley Macron

Pide a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea apoyar este aplazamiento hasta que se establezca claridad jurídica

jueves 16 de junio de 2016, 07:00h
La IRU pide a las autoridades francesas posponer la aplicación de la Ley Macron debido a requisitos esenciales para el cumplimiento por parte de los operadores de transporte por carretera aún no están disponibles. La Comisión Europea instó a apoyar el aplazamiento hasta que la claridad jurídica esté establecida.

Los operadores de transporte por carretera carecen de cualquier tipo de información práctica sobre cómo cumplir con la nueva ley francesa

Con sólo dos semanas para que la ley entre en vigor, los operadores de transporte por carretera carecen de cualquier tipo de información práctica sobre cómo cumplir con ella. La Ley Macron incluye obligaciones para que los operadores se registren en un listado, designen a un representante en Francia y paguen el salario mínimo del país vecino a los trabajadores que conduzcan por territorio francés. Las autoridades galas aún no han publicado los formularios de inscripción necesarios.

La IRU insta a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea a apoyar este aplazamiento hasta que se establezca claridad jurídica, la información sea proporcionada debidamente al Sector, y se conceda un período de adaptación. "Ya en marzo de 2015, hace más de un año, expresamos nuestra preocupación por las implicaciones prácticas de la Ley Macron si la aplicación no se explica a fondo, en consulta con la industria", dijo Michael Nielsen, que dirige el trabajo de la IRU en la UE.

Silencio por respuesta

"Hace dos meses, la IRU presentó más de 40 preguntas legales y prácticas para la administración francesa respecto a la Ley Macron con el fin de informar a nuestros miembros. A día de hoy esta solicitud de la IRU sigue sin respuesta. Es totalmente inaceptable imponer estas obligaciones antes de haber informado a fondo a los que serán responsables de cumplir con ellas, sobre todo teniendo en cuenta que los transportistas se enfrentan a multas de hasta 500.000 euros si son declarados culpables de no cumplir con las reglas'', agregó Nielsen.

IRU tenía la esperanza de que antes de proceder con la aplicación de la Ley Macron, las autoridades francesas habrían esperado el resultado de la investigación de la Comisión Europea en el caso alemán MiLoG, ya que las dos iniciativas se basan en el mismo concepto. IRU, por tanto, también hace un llamamiento a la Comisión Europea para que la conclusión de su investigación sea tan pronto como sea posible.