La auténtica economía colaborativa, entendiendo por tal la que no excede de la colaboración ocasional entre particulares, no causa preocupación ni perjuicio alguno
Este Comité ha venido reiteradamente llamando la atención de la Administración acerca de la desigualdad que supone la ausencia de reglamentación de las actividades de la economía colaborativa en cuanto que dejan de ser realmente colaboraciones entre particulares, en contraste con la gran cantidad a la que se ven sometidos los sectores de Transporte de viajeros. Concretamente, en mayo de 2014 se le remitió una carta en el que ya se solicitaba la intervención de su Ministerio en esta cuestión.
Ciertamente la auténtica economía colaborativa, entendiendo por tal la que no excede de la colaboración ocasional entre particulares, no causa preocupación ni perjuicio alguno. Pero es lo cierto que sí perjudica y preocupa la superación de esta actividad que se está produciendo, convirtiéndola en una auténtica explotación mercantil que resulta de la reiteración de conductas que por ello caen dentro del Derecho Mercantil que regula los actos en masa separándose del Derecho Civil que actúa sobre los particulares.
Y es esta superación la que, al amparo del concepto de economía colaborativa y desbordándolo ampliamente, la economía tradicional sin que este daño pueda encontrar cobijo en la idea de la libre competencia y de sus beneficios. Puede decirse, sin duda alguna, que la libre competencia no ha de amparar la competencia desleal y así lo reconocen nuestras leyes mercantiles, pero es lo cierto que esta competencia desleal con su corolario de daño a la economía tradicional, se produce cuando se sujeta a ésta a estrictos controles administrativos de todo tipo y se permite aquélla sin regulación alguna.
La cuestión tributaria ocupa un lugar destacado en este panorama, puesto que sometidas las empresas españolas a una presión fiscal y liberadas del mismo las actividades de la siempre “mal llamada economía colaborativa”, se produce una diferencia de trato que se traduce en una diferencia apreciable de costos que permite la práctica de precios inferiores, resultando así la competencia desleal de todo punto perniciosa para la economía real.
Momento de actuar
Por todo ello, se ha solicitado al Ministro que por parte de su Ministerio se actúe con rapidez y contundencia para que el trato fiscal sea el mismo para todos los que actúan en el mismo mercado y que las actividades que se amparan en el concepto de la economía colaborativa tengan sujeto su tráfico y los beneficios que produce a la misma intervención tributaria a las que se sujeta a las empresas con las que compiten. En esta línea, se ha dado a conocer recientemente la campaña que ha puesto en marcha la Agencia Tributaria para investigar las rentas procedentes de la economía colaborativa en la actividad de alquiler de pisos que se lleva a cabo a través de plataformas digitales fácilmente detectables como Airbnb. También en nuestro sector se produce la contratación a través de plataformas de este tipo (por ejemplo, BlaBlaCar y Drivy), por lo que sería de interés que se ampliara el campo de actuación de la Agencia Tributaria también a éstas y otras plataformas similares en los campos del transporte de viajeros, concluye la carta.
