La Comisión Europea ya ha alertado varias veces de la precariedad en España que se extiende con el consiguiente peligro de debilidad social y económica. Así lo confirman los últimos datos de la Comisión Europea referentes al estudio anual sobre el empleo y la evolución social (ESDE). El auge de los falsos autónomos, principalmente jóvenes, es un indicativo más de “la precariedad rampante a que hace mención el estudio”, apuntan desde CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español).
Esta entidad considera que “la precariedad hace aumentar la brecha social, creando en el mercado laboral dos orillas extremadamente opuestas: los que disponen de protección social, disfrutando de un cierto poder de compra, y los abandonados a la pobreza y sin futuro, con nulas posibilidades de engancharse al ascensor social”.
Por eso, “la irrupción en el mercado empresarial y laboral de una ‘nueva economía’, también llamada pomposamente ‘economía colaborativa’, ha puesto patas arriba los derechos laborales y está destrozando la economía real. El vacío legal existente fomenta a estos ‘listillos’ del sistema valerse del fraude y la usura para enriquecerse a costa de su precariedad 2.0: contratos irrisorios, servicios mal remunerados, sin cobertura en caso de baja médica o maternidad, sin vacaciones pagadas, sin prestación por jubilación”.
CIAE considera que acontecimientos como los relacionados con Deliveroo y Uber “hablan claramente de lo que las empresas de este signo pretenden hacer con el mercado: volver al siglo XIX puro y duro”.
El riesgo de pobreza de los autónomos de hasta 39 años en España es un 45% más que en el conjunto de la Unión Europea. En países como la República Checa, Chipre o Irlanda, el riesgo de pobreza no llega ni al 10%. “¿Es este un buen dato para echar las campanas al vuelo? ¿Por qué la precariedad de los autónomos apenas está reflejada en la recién aprobada ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo?”
Por todo, CIAE hace un “llamamiento para que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social deje de mirar para otro lado ante esta distorsión del mercado y que la inspección de trabajo investigue las relaciones mercantiles de esas empresas, que en nuestra opinión vulneran la ley, ejercen el fraude, la usura, la competencia desleal y practican una encubierta economía sumergida”.
