Hay que tener en cuenta que el transporte urbano colectivo mueve alrededor de 5.000 millones de euros anuales, de los que 2.500 millones proceden de aportaciones de las distintas administraciones
Hay que tener en cuenta que el transporte urbano colectivo mueve alrededor de 5.000 millones de euros anuales, de los que 2.500 millones proceden de aportaciones de las distintas administraciones (el resto se financia a través de los ingresos por billetes). De esta manera, con el pago del IVA, el coste del servicio se elevaría en unos 250 millones de euros al año. Y si la agencia tributaria revisara los últimos cuatro ejercicios, que es el límite que marca la ley para reclamar cantidades, el coste total se elevaría a los 1.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, desde Atuc se señala un segundo problema por la situación de algunas empresas que facturaron a sus ayuntamientos sin IVA, cantidad que ahora Hacienda reclama. La entidad recuerda que hasta 2016 no se consideraba que las aportaciones al transporte público tuvieran que gravarse con IVA. Sin embargo, a partir de esa fecha, la Agencia Tributaria cambió de criterio al considerar que las aportaciones que hacían los Administraciones Públicas al transporte permitían bajar el precio del billete y, por este motivo, abrió diferentes expedientes a las concesionarias de transporte.
La Ley de Contratos del Sector Público cambia el criterio
En este contexto, Atuc pide que se retiren los expedientes abiertos a los operadores amparándose en la modificación de la Ley del IVA del pasado mes de julio, y promovida por Amtu, donde ya se asume que las aportaciones que reciben las empresas operadoras no se gravarán con este impuesto. Sin embargo,
esta aprobación no tiene efectos retroactivos y, en consecuencia, la Agencia Tributaria no solo mantiene los expedientes abiertos a las empresas operadoras del transporte público, sino que ha abierto nuevos expedientes desde el pasado mes de septiembre, reclamando el IVA de los contratos de hasta los cuatro años anteriores, límite que establece la Ley para reclamar ejercicios vencidos.
El impacto de esta medida afectaría sobremanera a algunas comunidades autónomas como Cataluña, donde la Amtu señala que
la reclamación de la Agencia Tributaria suma de momento un total de 700.000 euros para las empresas, que podrían repercutir en los contratos que éstas tienen con los diferentes Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas.
Joan Prat, director general de la Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (Amtu), de ámbito catalán, considera que “si Hacienda sigue adelante con los expedientes que tiene abiertos, provocará un fuerte impacto para la economía local, ya que quienes acabarán asumiendo esta reclamación serán los ayuntamientos”. Según el secretario general de Atuc,
Jesús Herrero, “si Hacienda no da marcha atrás con los expedientes, las empresas de transporte público sufrirán un duro revés en sus cuentas”.
Precisamente, Atuc y Amtu celebraron en Madrid una jornada para las empresas operadoras de transporte público con el objetivo de
informar del cambio legislativo aprobado en el Congreso de los Dipitados el pasado 27 de julio, y publicado el 9 de noviembre en el BOE, y tratar la situación de los expedientes que la Agencia Tributaria mantiene abiertos. La presentación y resolución de cuestiones son a cargo de Antoni Durán-Sindreu, del despacho Durán-Sindreu abogados, quien participó técnicamente asesorando a Amtu en la modificación de la Ley de IVA conseguida.
