"Todo el empresariado español está legalmente representado por las asociaciones profesionales, como Fenebús, que son los interlocutores válidos con la Administración, y por tanto, están legitimadas para llegar a acuerdos con la misma", señala el director de Fenebús, José Luis Pertierra, en declaraciones a NEXOBUS.com al respecto de las sospechas que tiene la CNC sobre el protocolo firmado para articular los pliegos de condiciones de los concursos para las concesiones estatales.
Además, el directivo se sorprende de que la Comisión "adopte y publique este informe sin consultar a las asociaciones afectadas". Cuando se produjo el proceso de fusión entre Alsa y Continental, Fenebús y el resto de organizaciones empresariales "sí que fuimos requeridas por esta Comisión, que solicitó datos de empresas y opiniones sobre cómo podía afectar dicha operación a la competencia. Ahora, ni siquiera nos han consultado, publicando un informe que puede hacer mucho daño al Sector".
Defecto de forma
Pertierra entiende que "existe un claro defecto de forma en este informe, por lo que ni siquiera merecería la pena entrar en el fondo del asunto". A todo ésto, el director de Fenebús se pregunta sobre la fuente de la información que manejó CNC para elaborar este informe, que no ha procedido de las Organizaciones empresariales, al tiempo que denuncia que las conclusiones se "argumentan en el cumplimiento del Reglamento comunitario de Servicio Público, que no entrará en vigor hasta dentro de un año, y además tiene 10 años de periodo de carencia. No hay prisa, por tanto, para modificar todo el régimen concesional", teniendo en cuenta además que dichas concesiones deben renovarse en los próximos años. Pertierra recuerda que, desde 1987, España es el único país europeo que ha "hecho los deberes en cuanto a la competencia sectorial".
Desde la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento se ha solicitado un poco más de tiempo para analizar el documento de CNC y poder elaborar una opinión más concreta, aunque se reconoce que tanto a la Administración estatal como a las autonómicas, se les han solicitado datos por parte de Competencia.
