Según recuerda Fenadismer, afecta a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, sobre todo a los transportistas de larga distancia que las utilizan como tránsito obligado hacia el resto de Europa.
Pese a ser declarado ilegal por su carácter discriminatorio, la Diputación de Guipúzcoa ha decidido mantener vigente el peaje todo este tiempo “hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de casación interpuesto tanto por el propio Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa, para de este modo mantener los ingresos millonarios que mensualmente recauda de los transportistas, aún con el riesgo de tener que devolverlo en caso de que el Tribunal Supremo finalmente ratifique la nulidad del peaje”.
Se busca aprobar con urgencia una ampliación del tramo sujeto a canon
Pese a la “confianza” inicial manifestada por la propia Diputación guipuzcoana sobre la legalidad de la medida aprobada en su día, “parece que el temor a un posible revés judicial por parte del Tribunal Supremo ha llevado a la Diputación de Guipúzcoa a promover un proyecto de modificación de la vigente regulación del peaje, que está tramitando por vía urgente de forma sorprendente, a fin de garantizar que en el caso de que el fallo fuera finalmente desestimatorio a sus intereses, puedan mantener la “pervivencia” del sistema de cobro a los transportistas que transiten por ambas vías”, denuncian desde la Federación.
Dicha reforma exprés pasa por establecer dos nuevos pórticos de control de pago del peaje (en Astigarraga y en Andoaín) y ampliar el tramo sujeto al canon, para tratar de esta forma de camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje.
Ya no hay unanimidad
En este punto, Fenadismer afirma que “el apoyo político unánime que consiguió la norma foral aprobada en 2016 se habría roto en esta ocasión, ya que tanto el Partido Popular como EH Bildu defendieron la semana pasada, durante la tramitación del nuevo proyecto de norma foral en las Juntas Generales de Guipúzcoa, sendas enmiendas a la totalidad, solicitando la devolución del mismo a la Diputación Foral”.
Pese a ello, el Gobierno foral, sustentado por PNV y PSE, “parece decidido a aprobarlo el mes próximo con la intención de ponerlo en marcha a principios de 2019, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo”.
Ante esta situación, Fenadismer insiste en que “el nuevo proyecto legal supone una falta absoluta de respeto a nuestro sistema judicial, al pretender sortear las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo mediante la aprobación de una nueva regulación, con el objetivo de que dichas sentencias no tengan efecto práctico en el actual sistema de peaje a camiones, lo que se considera una auténtica “burla” tanto a la propia justicia como al colectivo de transportistas guipuzcoanos y del resto de España afectados por la voracidad recaudatoria de la Diputación guipuzcoana”.
