Las organizaciones defienden “la armonización de la política autonómica de transición al vehículo eléctrico con la nacional y la europea”
Faconauto ha mostrado su preocupación porque, de aprobarse esta norma, “pondrá en serio peligro el Sector de la distribución y reparación de vehículos en las islas”, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que actualmente son el 99% de las matriculaciones. Los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.
La patronal ha advertido, además, que la futura norma “es irresponsable en los plazos, no responde a las necesidades de los conductores ni a esta realidad de mercado, en la que los nuevos vehículos diésel y de gasolina seguirán siendo en los próximos años una opción muy válida en múltiples situaciones, por su consumo eficiente de combustible y porque los fabricantes están tomando acciones concluyentes para reducir al mínimo su impacto sobre el medio ambiente”.
Faconauto considera que el modo más eficaz para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible en las Islas Baleares “es propiciar la retirada de la circulación de los vehículos con más de diez años, más contaminantes e inseguros”. La edad media del parque automovilístico balear se sitúa en 12,7 años, por encima de la media nacional, que fue de 12,1 años. Finalmente, la patronal advierte que la implantación masiva de los vehículos eléctricos recogida por el anteproyecto balear será imposible si desde el Gobierno autonómico no se incentiva su adquisición mediante un plan continuado en el tiempo y bien dotado presupuestariamente y que debe facilitar la extensión también de los puntos de recarga.
CEOE, CEPYME Y CAEB también muestran su apoyo
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) han expresado su “apoyo unánime” a la denuncia presentada por la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern de Islas Baleares.
CEOE, CEPYME y CAEB, que defienden “la armonización de las políticas autonómicas de transición al vehículo eléctrico con la nacional y la europea”, afirman que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern balear “afecta gravemente el normal funcionamiento del mercado interior y supone un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”.
Junto a CEOE, CEPYME y CAEB, también muestran su apoyo a las denuncias de Anfac la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (Aseda) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (Baleval), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que tachan la norma balear de “contraria a la política europea”, así como de “regresiva y discriminatoria”.
