La cantidad y variedad de problemas detectados es relevante, afectando a cuestiones tales como el adecuado funcionamiento del dispositivo embarcado, el cálculo de peajes y su facturación, la devolución de dispositivos o la recuperación del depósito abonado para la obtención del dispositivo cuando no se encuentra instalado de forma definitiva en el vehículo. Sin embargo, una de las cuestiones que más polémica ha suscitado es la relativa al control por parte de los agentes y el cumplimiento de las sanciones establecidas, aplicando en algunos casos a un trato discriminatorio de las empresas transportistas extranjeras respecto de las establecidas en Bélgica.
Los agentes de control en carretera aplicaban dicha medida de forma indiscriminada contra los transportistas no residente en dicho país
Las situaciones más graves generadas sobre esta cuestión se han producido en la Región belga de Valonia como consecuencia de la inmovilización de vehículos ante la presunta falta o irregularidad en el pago de la tasa kilométrica en las carreteras de la región.
La medida de la inmovilización, ante unos hechos aún presuntos que no han sido objeto del correspondiente procedimiento sancionador, ha sido reiteradamente denunciada por Fenadismer al considerarla contraria a los principios jurídicos fundamentales como los de presunción de inocencia y proporcionalidad. Esta situación se produce cada vez que los agentes de control exigen el pago en carretera de cuantías en ocasiones “bastante importantes”, bajo el apercibimiento de que en caso contrario se inmovilizará el vehículo y se retendrá la documentación.
Esta práctica “jurídicamente inaceptable” y que solo se aplicaba en la práctica a transportistas no residentes en Bélgica, ha sido finalmente declarada ilegal por los Tribunales Belgas con ocasión de la demanda interpuesta por una empresa transportista, condenando al mismo tiempo a la Administración de dicho país al pago de una suma de 4.000 euros por los daños ocasionados, al estimar que esta práctica “rebasa los límites de una política de control responsable con las garantías de un procedimiento sancionador justo”.
