La idea para la nueva Ley se sustenta en un Fondo Estatal de Movilidad Urbana, destinado a costes operativos y a inversiones
María José Rallo del Olmo, Secretaria General de Transporte del Ministerio de Fomento, fue la primera en intervenir en el acto. ‘’Este es un tema fundamental, con todas las Administraciones implicadas. Fomento está alineado con el Horizonte 2030 y tiene como objetivo estratégico promover la movilidad sostenible. Es necesario un marco legal, teniendo en cuenta que las competencias están transferidas’’.
La Secretaria General de Transporte comentó que el transporte público es algo esencial y muy relevante, por lo que debe existir un consenso. Hay un aumento de población en las áreas metropolitanas de las ciudades, zonas que hay que comunicar entre sí y con el centro de la urbe. Es difícil cubrir gastos con lo que paga el usuario, que es la razón de la necesidad de una Ley de Financiación.
Miguel Ruiz es el presidente de Atuc, y habló sobre la confluencia de factores sociológicos y tecnológicos en la conformación de una nueva movilidad, con nuevos sistemas, como el carsharing o la bicicleta, alguno de ellos ya integrado en la asociación Atuc. ‘’Ha irrumpido la economía colaborativa y hay un moderadamente creciente desinterés de los jóvenes por poseer un coche’’.
‘’Lograr una descarbonización de la economía no es tan sencillo como parece, pues surgen muchos interrogantes, como el papel futuro de los actuales actores de la movilidad, la importancia de Maas (Mobility as a Service) o los vehículos autónomos. Hay que resolver las incertidumbres en este mundo complejo y buscar una visión unificada’’, afirmó el presidente de Atuc.
Atuc pide una Ley de Financiación porque desde 1990 no hay un sistema homogéneo, nació con muchos defectos y los ha aumentado. Es asimétrico y no permite la planificación (el dinero llega con los Presupuestos del Estado). Madrid, Barcelona, Canarias y, desde 2018, Valencia cuentan con un contrato-programa que les da una subvención finalista, mientras que el resto de municipios mayores de 50.000 habitantes (un total de 90) tienen una subvención al déficit mediante una bolsa de reparto.
Un modelo más estable
Alberto Dorrego, abogado socio de Eversheds Sutherland, analizó la situación actual de la financiación del transporte público y dio su punto de vista sobre cómo debería encaminarse la Ley. ‘’
La movilidad de la gente es uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, y como tal es un tema estatal, aunque haya muchas competencias transferidas a las CC.AA. y los ayuntamientos. Es un escenario muy complejo porque la UE también tiene derecho a opinar’’.
La idea para la nueva Ley se sustenta en un Fondo Estatal de Movilidad Urbana, destinado a costes operativos y a inversiones. Hay que regular la dotación del fondo, y sobre todo su estabilidad, participando en ello la Administración General del Estado, los grandes municipios y la FEMP. ‘’Hay muchos criterios para decidir cómo repartir el dinero, yo escogería el criterio poblacional con correcciones cuando fuese necesario.
La entidad titular del servicio público es la que debe recibir las ayudas. El gobierno debe fomentar la creación de consorcios integrados allí donde convengan. Es necesario un modelo más estable y previsible de ingresos’’ concluyó Dorrego.
