Así, desde que a finales del pasado mes de diciembre se dictara la primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Murcia, a lo largo de estos meses se han emitido un importante número de sentencias por diferentes Juzgados de Primera Instancia de toda España, con resultados contradictorios y en algunos casos desfavorables a los intereses de los reclamantes, en la mayoría de los casos porque los informes periciales que acompañan la demanda, y que determina el importe del daño a reclamar, no estaban suficientemente motivados y adolecían de falta de rigor técnico.
La resolución final de las reclamaciones en España conllevará una larga batalla judicial de más de 10 años ante el Tribunal Supremo
En este sentido, cabe destacar el carácter tan dispar que están teniendo los pronunciamientos judiciales dictados hasta la fecha en relación al método utilizado y resultado obtenido para la fijación del importe de la indemnización a abonar a la empresa transportista reclamante. Así ante el rechazo al contenido del informe pericial aportado por las partes personadas en el juicio, en muchos casos los Juzgados de Primera Instancia acuden a métodos de cálculo alternativos para valorar el porcentaje de la indemnización.
Entre otros, varios Juzgados están fundamentando el importe de la indemnización en base a la Guía Práctica de la Comisión Europea (Informe Oxera) que analiza la distribución porcentual de sobreprecios aplicados por otras situaciones de cárteles anterior. Sin embargo, “resulta sorprendente que, pese a que el informe de referencia es el mismo, los Juzgados aplican resultados absolutamente incongruentes”.
Por ello, Fenadismer reitera su advertencia a los transportistas de que “vayan a reclamar contra los fabricantes con absoluta cautela y prudencia sobre los fallos dictados hasta la fecha, teniendo en cuenta que su resolución final conllevará una larga batalla judicial hasta el Tribunal Supremo, en un plazo que se estima no inferior a 10 años para su resolución final”.
Asimismo, debe recordarse que las reclamaciones de los camiones adquiridos en España contra el cártel de fabricantes también pueden ser presentados en cualquier otro país de la Unión Europea, algunos de los cuales cuentan con jurisdicciones más especializadas para la resolución de este tipo de controversias y más ágiles en su resolución judicial.
