Para el 39% los que más están tardando en pagarles son los autónomos y las micropymes
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras realizar una encuesta sobre el alcance del COVID-19 en materia de pagos a proveedores, ha alertado de la “dramática y preocupante situación que viven los autónomos, micropymes y pymes. Por su clara falta de liquidez, ahora por primera vez desde que se tienen datos son ellos los que más tardan en pagar a sus proveedores”, denuncia el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Históricamente y hasta el inicio de la pandemia, los autónomos, micropymes y pymes, han sido los que siempre han sufrido más los impagos por parte de sus proveedores, sobre todo de grandes compañías y de las Administraciones Públicas. La crisis del coronavirus “está mermando su liquidez –que ya antes estaba afectada precisamente por la morosidad de sus clientes– hasta tal punto que empiezan a no poder pagar en plazo a sus clientes; la cadena de pagos está más fracturada que nunca”, denuncia Cañete.
Así lo ha constatado el 74% de los más de 700 participantes entrevistados. Para el 39% los que más están tardando en pagarles son los autónomos y las micropymes, y para el 35%, las pymes. A tenor de la PMcM, dicho cambio evidencia que estos nuevamente están siendo los menos protegidos por las ayudas del Estado y, por tanto, los que más graves consecuencias sufrirán.
La PMcM exige al Gobierno que reaccione de manera inmediata ante esta nueva realidad, que derivará dentro de unos meses en “una situación de impagos sin precedentes en España, y eso que ya desde hace años veníamos siendo el país europeo con los plazos de pago más largos”, apunta el presidente de la entidad.
En este sentido, recuerda que en las últimas semanas la PMcM ha presentado multitud de propuestas para inyectar liquidez, todas ellas sin riesgo ni coste ni garantías colaterales para las arcas públicas y las empresas. Entre otras, que el Gobierno devuelva los IVAs pendientes de compensar; que se cree una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus; y que la AA.PP asegure el eficiente reparto de los lotes en las licitaciones de manera que las pymes mejoren su acceso a la contratación pública y puedan beneficiarse del previsible aumento de gasto en inversión pública que el Gobierno hará para afrontar la crisis del coronavirus.
Según afirman: "Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y asegurar los cobros y los pagos, estaríamos inyectando savia desde la raíz a todo nuestro entramado empresarial, se crearía una auténtica cadena de pagos. En realidad, no estamos pidiendo nada excepcional, sencillamente, que se cumpla la ley”, aclara Cañete.
Las últimas semanas la PMcM ha presentado multitud de propuestas para inyectar liquidez, todas ellas sin riesgo ni coste
Además, la PMcM considera que "no debería permitirse que grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación no estén cumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad". Al igual que se ha pedido que las empresas con filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a ayudas y avales, “debería exigirse que las grandes empresas que deban facturas a pymes y autónomos no puedan recibir ayudas del ICO, Banco Central Europeo, etc.; las ayudas a grandes compañías, como por ejemplo que se acojan a ERTES, deberían condicionarse a que hayan liquidado sus cuentas con proveedores”, sentencia. En esta línea, el 72% de las empresas considera que ante la crisis del COVID-19, hubiera sido útil el funcionamiento de un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas.
Los subcontratistas
Los impagos de las grandes compañías afectan especialmente al último eslabón de la cadena de pagos, los subcontratistas en adjudicaciones públicas. El 49% de las empresas encuestadas que son subcontratistas en adjudicaciones públicas ha notado que desde el comienzo de la crisis se han alargado los plazos en los que cobra por parte de sus clientes, los contratistas principales. Ante esta situación, Cañete recuerda que “debe poder ejercerse la acción directa de los subcontratistas frente a las AA.PP., en el caso de que los contratistas estén retrasando sus pagos”. La realidad es que, según el sondeo, solo al 0,4% de los subcontratistas le han ofrecido poder cobrar directamente de la Administración en vez del contratista principal.
