El importe económico de las medidas para empresas privadas del Sector del transporte y en materia de reducción de tasas portuarias asciende a 663 millones de euros, aunque también se aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones y se aprueban 110 millones de euros de aportación extraordinaria a Seittsa para que pueda atender sus compromisos de obras públicas en el medio plazo.
Así, el Gobierno complementa para el sector de los transportes otras medidas adoptadas previamente, como los 800 millones destinados al transporte público en las Comunidades Autónomas y los avales y ayudas fiscales al Sector, para dar respuesta al impacto del Covid-19 y que son coherentes con los criterios y directrices de la Comisión Europea sobre los que se ha de orientar la reactivación económica del sector.
CETM considera que no son sufucientes para desconvocar el paro fijado para finales de este mes
Este conjunto de medidas se ha articulado en torno a tres ejes fundamentales. El primer de ellos es la protección de la salud de los trabajadores y viajeros, muy enfocado al ámbito aeroportuario.
El segundo eje conlleva proporcionar liquidez a las empresas del sector para hacer frente a las perturbaciones financieras a corto plazo vinculadas a la crisis del coronavirus, recurriendo a distintos instrumentos financieros, incluidos los fiscales, a fin de preservar su viabilidad así como la continuidad de la actividad económica durante y después de la crisis del Covid-19.
Es aquí donde se centran las principales novedades, una de las cuales se dirige a restablecer el equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios de competencia estatal.
En concreto, los de transporte regular de viajeros por carretera de uso general verán aliviada la necesidad de liquidez del operador para que puedan seguir prestando un servicio público esencial y, por tanto, garantizar una red de transporte capilar que facilite la movilidad de un importante número de ciudadanos.
Por otro lado, y añadida a la medida anterior, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de MMA, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria. Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.
Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado. Mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección técnica periódica en las estaciones ITV.
Por último, el tercer eje afecta a la reducción de cargas administrativas, simplificando y acelerando determinados procedimientos, velando por la seguridad jurídica y teniendo en cuenta la capacidad de las instituciones públicas para agilizar los trámites preceptivos para la reactivación y desarrollo de las actividades en el sector del transporte.
Los tráficos marítimos regulares de pasaje o carga rodada con los territorios no peninsulares se podrán calificar como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos, que contribuyen al desarrollo económico y social de España en su conjunto.
Reacciones del Sector
La Confederación Española de Transporte de Mercancías, además de recordar la ampliación de un año del periodo de validez de los visados caducados para evitar el colapso, ha manifestado que “estas medidas aún deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que desde la CETM se pueda proceder a un estudio más exhaustivo y determinar su verdadero alcance”, añadiendo que “es cierto que, en principio, las medidas responden a parte de las reivindicaciones planteadas por el CNTC. Sin embargo, en opinión de la CETM no atienden las reclamaciones principales que el Sector ha venido demandando y no son suficientes para evitar el paro patronal que hay convocado para los días 27 y 28 de julio”.
Por su parte, Fenadismer afirma que “finalmente el Gobierno ha procedido a aprobar algunas de las medidas económicas y de índole administrativo que reclamaba el Sector, aunque el resto de reivindicaciones que vienen demandando las organizaciones de transportistas se negociarán con el Gobierno en las próximas semanas”, aplaudiendo que el Gobierno apruebe modificar la regulación adoptada hace unos días sobre el renting y el leasing “para posibilitar que los autónomos y empresas de transporte, tanto de mercancías como de viajeros puedan acogerse a una moratoria en el pago en la financiación de los vehículos de transporte, bastando acreditar ante la entidad financiera que, como consecuencia de la crisis sanitaria, se ha producido una caída sustancial en su facturación de al menos el 40% respecto del año anterior, aunque habrá que esperar al texto definitivo que se apruebe en el BOE para conocer los detalles exactos de la medida aprobada”.
