Fenadismer puso en marcha en 2012 el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el Sector del transporte por carretera, con la finalidad de conocer mensualmente la evolución de las formas y plazos de pago en el Sector y, en consecuencia, verificar el grado de cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales. Recordemos que el plazo máximo de pago está establecido en 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.
Para la obtención de los resultados del Observatorio, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte lleva a cabo una encuesta muestral de carácter continuo y mensual a unas 800 empresas transportistas titulares de vehículos pesados de servicio público de ámbito nacional.
El 75% de los pagos realizados incumplen la legislación, mientras que la media de retraso se reduce levemente
Así, en cuanto a los medios de pago que utilizan las empresas cargadoras y operadores logísticos para pagar a sus transportistas, durante este mes de Junio las modalidades más habituales continúan siendo por este orden el confirming (52%), seguido de la trasferencia (37%), del pagaré (11%) y el cheque (<1%).
Dato negativo
Por lo que se refiere a los plazos de pago, el Covid-19 continúa afectado negativamente en el Sector del transporte por carretera “presentando datos preocupantes”, según Fenadismer. Así en el mes de Junio el 75% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad, al superar el plazo máximo de 60 días, idéntico porcentaje de incumplimiento que el mes anterior y 13 puntos porcentuales por encima en comparación con el mes de Febrero.
Aunque se aprecia una leve reducción en el período de pago respecto al mes anterior, el grado de incumplimiento de los plazos de pago sigue “siendo muy elevado”, ya que se situó en 85 días de media (tres menos que en el pasado mes de Mayo), cuando en el período precovid, que se situaba en 78 días. De ahí la insistencia de Fenadismer, y de todas las organizaciones que conforman la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de exigir al Gobierno la inmediata aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad, teniendo en cuenta que en la actualidad “las grandes empresas adeudan tanto a los autónomos como a los pymes más de 130.000 millones de euros, que de liberarse, aportarían un importante flujo de liquidez a la economía productiva, tan necesario en la actual coyuntura económica que aliviaría de forma importante la falta de tesorería que sufren de cientos de miles de pequeños empresarios”.
