Sin embargo, desde el Consistorio, de una manera muy contradictoria, se ha argumentado que "aceptando fallos y errores en la tramitación de algunas denuncias, no por ello dejan de ser legítimas las sanciones impuestas ni tampoco disminuye la responsabilidad de los infractores por desconocer unas normas tan abundantemente publicitadas como son las que regulan las restricciones a la circulación en Madrid Central".
Las empresas denunciadas en ningún momento buscan un trato especial, ni "medidas de gracia" —como acusa el Consistorio—, sino que pretenden que se cumpla la legalidad, que se sancione a los que entren en Madrid Central sin permisos y, sobre todo, que se persiga la ilegalidad de las empresas de mudanzas.
Carencias del sistema
CETM-Madrid recuerda precisamente que una de las primeras medidas que adoptó el actual equipo de Gobierno municipal fue la suspensión el régimen sancionador de Madrid Central por considerar que
no estaba dotado de suficientes garantías, aunque semanas después esta medida fuera suspendida por los tribunales. Pues bien, ahora se han vuelto a poner de manifiesto estas carencias con las empresas de mudanzas, ya que
el permiso anual de ocupación de la vía pública de estas empresas para realizar servicios de mudanzas,
habilita para acceder a Madrid Central (salvo a vehículos sin distintivo de hasta 3,5 toneladas de MMA desde el 1 de enero de 2020),
algo que no se está teniendo en consideración en múltiples casos por la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid.
Por tanto, los empresarios del sector se sienten totalmente indefensos ante un ataque tan duro hacia un sector que está intentando sobrevivir a esta crisis de la Covid-19, y que observa con impotencia
cómo prolifera la competencia desleal sin que las autoridades municipales y laborales tomen cartas en el asunto.
