Las centrales sindicales CC.OO. y UGT continúan manteniendo la convocatoria de huelga para los días 21, 22 y 23 de diciembre con motivo de la ruptura de las negociaciones de las mesas negociadoras de los Convenios del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística de Madrid, Barcelona y Zaragoza.

El Sector Estatal de Carretera de CCOO ha distribuido entre sus delegados de todo el territorio nacional dispositivos de lecturas de tarjeta de tacógrafo digital para el análisis, control y estadísticas de las jornadas de los conductores y conductoras profesionales. Para dar a conocer el manejo de estos dispositivos, el sindicato organizó —entre los días 8 y 10 de junio— dos acciones formativas dirigidas a 50 personas, tanto responsables como colaboradores de los distintos territorios del Sector.

La comisión negociadora del II Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías mantuvo su última reunión antes del verano la semana pasada, en la que, según informa CETM, los interlocutores sociales del Sector alcanzaron casi por completo el objetivo que se habían propuesto.

CCOO ha condicionado hoy su apoyo al preacuerdo entre la dirección de Nissan en Ávila y el comité de empresa sobre el Plan Social, que supondrá la salida de 147 trabajadores, a que las administraciones "garanticen" las condiciones sociales de los empleados que tengan que abandonar la factoría.

La Federación de Industria y la sección sindical de CCOO en Nissan Ávila rechazan el expediente de extinción de contratos presentado por la dirección de la planta para 150 trabajadores. El sindicato no entiende "cómo una empresa que lleva años recibiendo multimillonarias ayudas de las administraciones públicas opta por los despidos en vez de presentar nuevos proyectos para paliar la disminución de carga de trabajo en la fábrica".

La valoración de CCOO ante los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento y las asociaciones de transportistas, desde el punto de vista del diálogo social, se resume en una palabra: negativa. Desde CCOO argumentan que "en ellos se pactan medidas que atentan contra la autonomía de las partes, contra la legitimación y representatividad de las mismas, arrogándose la potestad de determinar en qué foros y con qué mecanismos se acuerdan cuestiones relativas a la negociación colectiva, a la reforma de las leyes y reglamentos y al establecimiento de medidas de inspección, de fiscalidad, de seguridad social y de negociación colectiva, excluyendo una vez más a los agentes sociales".