22 de abril de 2021, 22:45:00
NEXOTRANS

BUENAS NOTICIAS PARA LOS TRANSPORTISTAS


Somoza (CETM): 'Tres de cada cuatro operaciones en transporte incumplen los plazos de pago'


NEXOTRANS charla con el director general de CETM Madrid, Jorge Somoza, sobre que la tan temida morosidad en el sector del transporte llegue por fin al Parlamento, decisión tardía pero aplaudida


Jorge Somoza, director general de CETM Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un máster en Práctica Jurídica por la UC3M también. Su actividad profesional siempre ha estado muy vinculada al transporte de mercancías por carretera, y ha participado en varios programas formativos vinculados al Sector.

-Pregunta: ¿Cree que han tardado mucho en llevar la modificación al Parlamento, teniendo en cuenta que han sido unos 5 meses y era de urgencia?

-Respuesta: Llega muy tarde, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”. Algo como la morosidad, que lastra tanto a cualquier economía, y de forma más concreta al sector del transporte, no puede permitirse, y hasta ahora se ha admitido sin motivo. Yo me preguntaría: ¿puede haber en un Estado de Derecho algo más inútil y contradictorio que una ley que se incumple sistemáticamente? Pues es éste el caso, ya que La Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad es de 2004, y ya se preveía un plazo de pago generalizado de 30 días. A pesar de modificaciones de 2010 y 2013, no hay una sanción que vele por su cumplimiento. Así, a día de hoy el 75% de los pagos en el transporte incumplen esta normativa. Cuando el Gobierno ha querido tramitar normas para que tuvieran una aplicación inmediata lo ha hecho, a través de reales decretos-leyes, lo hemos visto durante la pandemia, incluso antes con medidas que denominaban de carácter social, en el caso de la regulación de la morosidad se podía haber hecho igual, ya que la crisis sanitaria conlleva una crisis económica y la morosidad hay que atajarla cuanto antes para salvar empresas y puestos de trabajo. Hemos pasado la mayor crisis financiera de nuestra democracia entre 2008 y 2014 y esta es una medida que ya debería haber entrado en vigor inmediatamente después de aquella crisis.

-Pregunta: ¿Tienen constancia de que algunos transportistas de Pymes e incluso autónomos hayan caído por culpa de los morosos?

-Respuesta: Afortunadamente, en el sector del transporte existe un medio de protección que en los últimos años ha ayudado a frenar la morosidad, en lo que a impagos se refiere, como es la acción directa, un medio de garantía de cobro del transportista efectivo, lo que ha provocado que tanto el cargador principal como los intermediarios se impliquen en una mayor transparencia en la cadena de contratación, esto ha provocado que se hayan reducido mucho los impagos, pero no los retrasos. Cuando una gran empresa entra en mora o en falta de liquidez, se lleva a muchos autónomos y pymes por delante, aunque todavía es pronto para evaluar las pérdidas de esta crisis económica, porque aún no sabemos lo que va a durar.

-P: ¿Es cierto que las administraciones y grandes empresas son de los pagadores que más tardan en abonar los servicios o bienes al Transporte?

-R: El peligro que el Sector tiene en estos momentos es que la morosidad por parte de la Administración se incremente por la situación económica en la que se encuentra el país en general y, de forma concreta, las administraciones, que están destinando gran parte de sus presupuestos para frenar la pandemia. Ahora bien, eso no tiene que significar que la Administración ralentice sus pagos hacia las empresas que siguen realizando sus funciones. Si el sector del transporte es esencial, también debería ser esencial reducir la morosidad.

-P: ¿Creen que se logrará evitar la morosidad este cambio?

-R: Prácticamente tres de cada cuatro operaciones en el sector del transporte incumplen los plazos de pago previstos legalmente, y el incumplimiento sólo se persigue con sanciones, es la más eficaz, por ello, somos optimistas en que esta medida reduzca hasta un 50% los plazos de pago. También es importante que las Juntas Arbitrales de Transporte asuman la competencia en las reclamaciones por acción directa. Es absurdo que para reclamar al cargador principal o un intermediario de la cadena de contratación se tenga que iniciar un procedimiento diferente del que se dirige contra el cargador contractual, y además judicial, con el retraso y coste que ello conlleva, cuando el objeto del litigio va a ser exactamente el mismo.

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