La polémica sobre las multas a transportistas durante los días de tráfico restringido ha saltado al Congreso. La actuación de la Dirección General de Tráfico (DGT), basada en cámaras que sancionan sin verificar excepciones legales, ha desatado las críticas del sector y la intervención política. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado una batería de preguntas al Gobierno exigiendo respuestas claras sobre lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) fue la primera en alzar la voz. Según denuncian, la DGT lleva tiempo sancionando automáticamente a camiones que circulan en días con restricciones, sin comprobar si dichos vehículos están exentos de la prohibición. “Es una práctica abusiva que convierte a las cámaras de tráfico en un fotomatón sancionador”, advierten desde la organización.
Estas cámaras, colocadas en puntos estratégicos de las carreteras, captan matrículas y generan multas de forma automática, sin distinguir si el transportista tenía autorización para circular. Fenadismer asegura que esta mecánica vulnera las garantías legales mínimas, dejando a los profesionales del transporte en situación de indefensión.
Tan grave es la situación, que en agosto presentaron una queja formal ante el Defensor del Pueblo, solicitando su amparo frente a lo que consideran una práctica “arbitraria” por parte de la Administración.
La diputada de ERC, Inés Granollers, ha llevado esta problemática a la Comisión de Transportes del Congreso. En su intervención, ha hecho eco de las denuncias del sector y ha solicitado explicaciones directas al Gobierno. Entre las preguntas planteadas destacan:
¿Tiene el Gobierno constancia de estas multas erráticas a transportistas autorizados?
¿Cuántas de estas sanciones se han impuesto en el último año y cuántas han sido recurridas?
¿Qué mecanismos de control existen para evitar estos errores?
¿Es suficiente confiar únicamente en cámaras automáticas para controlar estas restricciones?
Granollers señala que el uso exclusivo del radar “vulnera el principio de inocencia” y exige que se revisen los protocolos para evitar que los transportistas sean penalizados injustamente.
El sector espera ahora una respuesta clara y una solución urgente. Para los profesionales que mantienen en movimiento el país, cada multa errónea no solo representa un coste económico, sino una injusticia que, aseguran, no pueden seguir tolerando.