La Federación Gallega de Transporte de Mercancías, Fegatramer, ha dado un paso definitivo al presentar una demanda ante el Tribunal Supremo para anular las prórrogas de la concesión de la AP-9, sumándose al clamor de la Xunta por el rescate de la autopista y la eliminación de los peajes.
Desde hace años, el transporte gallego viene denunciando lo que consideran un abuso histórico: el mantenimiento de peajes en la Autopista del Atlántico (AP-9), cuya concesión fue ampliada en dos ocasiones en condiciones que, según denuncian, vulneran el Derecho europeo. En una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de julio, Día de Galicia, Fegatramer —que agrupa a cientos de empresas del transporte de mercancías por carretera a través de asociaciones en las cuatro provincias gallegas— anunció su decisión de acudir directamente a los tribunales españoles para ejercitar la acción de nulidad de las prórrogas y del contrato de concesión de la AP-9.
Lo consideran un abuso histórico
La primera ampliación, otorgada en 1994 cuando Audasa era aún una empresa estatal, añadió diez años más al plazo de explotación como "compensación" por los retrasos en la puesta en marcha de los tramos de la autopista. En vez de penalizar los incumplimientos, se premiaron. Más grave aún fue la segunda prórroga: en 2003, el Gobierno amplió la concesión en 25 años adicionales, bajo el argumento de financiar obras como el acceso norte a Ferrol o la gratuidad de tramos internos, aunque lo que realmente se hizo, según denuncia Fegatramer, fue aumentar artificialmente el valor de la autopista para su posterior venta. Audasa fue vendida por unos 1.000 millones de euros, pero para que esa operación fuera rentable, los nuevos dueños necesitaban recuperar y rentabilizar casi 2.000 millones hasta 2023. Esa carga recayó directamente en los usuarios, que pagaron peajes que ahora se consideran ilegítimos.
El dictamen motivado emitido por la Comisión Europea en 2021, bajo la referencia INFR(2021)4052, refuerza la posición de Fegatramer. La Comisión alertó de que las ampliaciones de concesiones como las de la AP-9 y la AP-66 se hicieron sin procedimiento de licitación pública ni transparencia, como exigen las directivas europeas. Tras seis años sin respuesta efectiva por parte del Gobierno español, desde el sector del transporte gallego han decidido no esperar más.
Fegatramer ha encargado al bufete Gándara Moure la interposición de esta demanda ante el Supremo. No solo se reclama la nulidad de las prórrogas y del cobro de los peajes, sino también la responsabilidad patrimonial del Estado por los pagos indebidos realizados durante años por las empresas de transporte y los ciudadanos gallegos. Esta acción judicial, subrayan, no es gratuita ni simbólica. Tiene un alto coste económico, pero también un fuerte valor social y estratégico. "Este pleito no es gratis", afirman desde la federación, "pero es precisamente para esto para lo que servimos las asociaciones: porque unidos somos más fuertes y juntos podemos llegar a lo que individualmente no sería posible".
La Xunta de Galicia, por su parte, también ha solicitado oficialmente el rescate de la AP-9, lo que refuerza el respaldo institucional a la lucha del sector. Cuando el Gobierno asegura que ha ahorrado 375 millones en peajes desde 2018, desde Fegatramer responden que ese dinero lo han pagado los gallegos igualmente, vía impuestos. La batalla por la AP-9 no es solo legal, es también una cuestión de justicia social y territorial. Y ahora, se juega en los tribunales.