El convenio había sido renovado por última vez en julio de 2013, aunque acumulando pagos pendientes desde Castilla-La Mancha al consorcio madrileño
Según ha explicado la consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, el convenio propuesto por el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page extiende el sistema madrileño a la franja limítrofe con Madrid, establecida por la comunidad vecina, en dos círculos concéntricos denominados E1 y E2 de 59 y 85 kilómetros desde la capital de España respectivamente y que engloban parte de las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca. Los ciudadanos que quedan comprendidos en estos límites geográficos pueden obtener el abono para sus desplazamientos con Madrid y utilizar allí todas las modalidades de servicios concertados por el Consorcio de Transportes madrileño: metro, autobuses de la EMT, cercanías de Renfe, metros ligeros, tranvía (Parla) y líneas de autobuses urbanos e interurbanos.
Este convenio, que fue suscrito por vez primera en el año 2000 entre ambas comunidades se estuvo aplicando durante seis años de manera ininterrumpida. Posteriormente se renovó reconociendo los derechos de los viajeros y los términos económicos con carácter retroactivo. El convenio había sido renovado por última vez en julio de 2013, aunque acumulando pagos pendientes desde Castilla-La Mancha al consorcio madrileño correspondientes a varias anualidades hasta alcanzar una deuda total superior a los 13,1 millones de euros, para cuya satisfacción se ha establecido un calendario de pagos con la Comunidad de Madrid, según ha explicado la consejera de Fomento ante la cámara, de modo que se regularicen los impagos a los que no hizo frente el Gobierno regional anterior.
Los términos en los que se ha aprobado el convenio permitirán “que no volvamos a estar en la situación de inseguridad jurídica en la que recibimos este asunto”, ha dicho Elena de la Cruz, quien considera que el texto aprobado otorga “consistencia en el tiempo” a un acuerdo que afecta a 500.000 habitantes de la región. Pese a la trascendencia que entraña la afectación a prácticamente una cuarta parte de la población de Castilla-La Mancha, la consejera ha revelado que durante toda la legislatura precedente no se celebró ninguna comisión de seguimiento con la comunidad vecina a propósito de este convenio.
Tras multitud de contactos telefónicos y presenciales de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha con los representantes de la Comunidad madrileña, el actual Gobierno regional ya ha satisfecho 2,4 millones de euros de esa deuda, además de haber fijado los términos del nuevo acuerdo con una vigencia que abarca desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir de esa fecha es renovable año a año si ambas comunidades no pactan lo contrario.