La OECC apoya las pretensiones de los cargadores en base a la elevada reducción de emisiones que supondría la ampliación de la masa máxima autorizada, sin necesidad de inversiones ni otros costes asociados para el Sector del Transporte. Esta medida contribuiría al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de reducción de gases de efecto invernadero, gracias a un ahorro del 5% de las emisiones de CO2 que se estima de entre 105.249 y 129.000 toneladas al año, según la Universidad Politécnica de Cataluña.
Además contribuiría a dar respuesta a la reciente propuesta de Reglamento de la Comisión Europea para imponer objetivos al transporte pesado, con una reducción de emisiones del 15% en 2025 y del 30% en 2030. La Hoja de ruta de la Comisión Europea para una economía hipocarbónica establece que en 2050, las emisiones procedentes del transporte podrían reducirse más del 60% respecto de los niveles de 1990.
Desde el punto de vista del medioambiente, se facilitaría también la consecución de los objetivos para una economía circular, a partir de una menor generación de residuos tales como neumáticos fuera de uso, aceites y filtros, entre otros.