Uno de cada 13 km de la red de carreteras española presenta deterioros relevantes en más del 50% de la superficie del pavimento, acumulando baches, roderas y grietas longitudinales y transversales. Es una de las conclusiones principales del estudio “Necesidades de Inversión en Conservación” realizado por la Asociación Española de la Carretera, que se acaba de presentar.
Se trata de desperfectos que pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación, motivo por el cual “podría ser aconsejable reducir el límite de velocidad genérico entre 10 y 20 km/h, una medida que afectaría a 6.800 kilómetros de carreteras”, a juicio de la AEC.
El informe, elaborado en el segundo semestre de 2017, y que afecta tanto a las carreteras a cargo del Estado como a las que gestionan las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio valorado en 145.000 millones de euros, y que, a partir del año 2009, “ha sido abandonado a su suerte víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos”.
En la serie estadística que se muestra en la investigación “se observa cómo en el año 2001 la conservación de la red viaria aprobaba holgadamente el examen periódico realizado por la AEC, para llegar a 2017, 16 años después, rozando la línea roja del muy deficiente”, indican desde la Asociación.
Darle la vuelta a esta situación requiere una inversión mínima de 7.054 millones de euros, cantidad en la que la AEC cifra el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias del país y que se reparte, para las redes del Estado y Autonómica, como sigue:
Las consecuencias de la fotografía que muestra el estudio de la Asociación Española de la Carretera son tres, fundamentalmente:
Incrementar en 300 millones de euros durante un período de ocho años las partidas destinadas a conservación y refuerzo de firmes en los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, hay que pasar de los 900 millones de euros que se invierten actualmente, a 1.200 millones, sin considerar en esta cifra las cantidades que habrán de destinarse al mantenimiento de las autopistas de peaje en las que el Gobierno “levante la barrera”.
Respecto a las carreteras dependientes de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, se requiere destinar 600 millones de euros más al año –durante los próximos ocho ejercicios- a su mantenimiento (para el conjunto de las autonomías).