Al haber suspendido los contratos actuales, tras la declaración del estado de alarma, no se han tramitado las indemnizaciones previstas, por un largo camino burocrático; y aún no se han abonado, complicando la planificación económica de estas empresas para el inicio del próximo curso
“Además es imprescindible el pago de las indemnizaciones por los días de servicio no realizados durante el último trimestre del curso 2019/2020. Son 66 días que deben ser abonados de inmediato, con la totalidad de los costes que se han generado. Si no se pagan antes de que se inicie el curso escolar, y los contratos no se han prorrogado, es muy posible que desaparezcan muchas empresas, y otras no podrán iniciar su actividad de forma normalizada, lo que provocará que los niños y niñas, no puedan ser trasladados a los centros escolares”, señala el presidente de Fedintra.
Al haber suspendido los contratos actuales, tras la declaración del estado de alarma, no se han tramitado las indemnizaciones previstas, por un largo camino burocrático; y aún no se han abonado, complicando la planificación económica de estas empresas para el inicio del próximo curso. “Vivimos en una auténtica incertidumbre y no entendemos que la Administración nos dé ahora la espalda, somos uno de los sectores más castigados por el Covid-19, y no tenemos ingresos de ningún tipo, no solicitamos ayudas ni subvenciones, solo queremos trabajo, el pago de las indemnizaciones y la prórroga del contrato de las rutas escolares nos ayudaría de forma extraordinaria”, señala Antonio Vázquez.
Los actuales contratos podrían ser prorrogados hasta junio de 2021, amparados en las normas de urgencia aprobadas a nivel autonómico y nacional por el estado de alarma y la crisis sanitaria. Aunque ya se cumplían los plazos de finalización de los actuales contratos, el sector entiende que las especiales circunstancias en la que nos encontramos, y la compleja situación económica derivada de la Crisis del Coronavirus, motiva la prórroga de los actuales contratos al menos para el próximo curso escolar, y además hay marco legal para ello.
“Nuestra Federación de Transportistas, ampara fundamentalmente a pymes netamente andaluzas que sostienen el tejido empresarial y gran parte del empleo estable en esta comunidad autónoma, no se pueden recuperar sin una prórroga del contrato de transporte escolar para el curso 2020/2021, dadas las importantes inversiones realizadas en autobuses, dedicados total o parcialmente a la realización del servicio de transporte público para escolares en centros docentes públicos de Andalucía.
Las pymes de transportes de viajeros por carretera que representa Fedintra, cuya otra actividad fundamental es el servicio discrecional turístico, que está completamente paralizado como consecuencia del Covid-19, necesitan tiempo y ayuda pública para su recuperación económica, lo contrario provocará la desaparición de muchas de estas pymes y empresas familiares con la consiguiente destrucción de empleo y actividad económica. De las 500 empresas de Transporte que hay en Andalucía, el 90% ha tramitado ya expedientes temporales de regulación de empleo, poniendo en peligro hasta 11.000 puestos de trabajo en la comunidad. Un duro varapalo para la economía y el empleo andaluz en un segmento económico vital para el turismo y la movilidad.