Este nuevo peaje va a ser instaurado en la N-1, carretera de Madrid a Irún, y en la A-15, Autovía de Navarra a Guipuzcoa. En estas dos carreteras se tiene previsto la instalación de tres pórticos en Irún, Andoain y Echegárate de control del pago de los peajes, lo que supondrá para los más de 6.000 camiones que diariamente circulan por dichas vías abonar un canon de hasta 10 euros por trayecto.
Esta decisión ha provocado que las asociaciones nacionales de transportistas hayan manifestado su absoluto rechazo a la nueva medida impositiva, ya que a su juicio el nuevo peaje resulta discriminatorio, al haberse situado los pórticos de control únicamente en los extremos sur y norte de la provincia, "con una clara voluntad de eximir de su aplicación a los transportistas locales y gravar exclusivamente a los transportistas del resto de España, que utilizan dichas carreteras como tránsito obligado hacia el resto de Europa".
Diariamente 6.000 camiones circulan por las vías de la polémica
Medidas de presión
Desde la Diputación general Foral de Guipuzcoa se había apuntado la aprobación de la Comisión Europea a esta medida, pero las asociaciones han aclarado a la diputada de Infraestructuras que el informe recientemente emitido por dicha institución europea sólo valida la metodología utilizada para el cálculo de la tasa, pero expresamente señala que no entra a valorar otros aspectos del nuevo peaje guipuzcoano, entre otros, el posible discriminatorio recogido en la norma foral, cuyo análisis corresponde a las instancias judiciales. A este respecto, cabe recordar que el pasado mes de Febrero el Comité Nacional de Transporte por Carretera interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual se encuentra aún pendiente de resolución judicial.
Las asociaciones de transportistas plantearán llevar a cabo diferentes medidas de presión en contra de la medida, que serán concretadas este mes de octubre, sin perjuicio de manifestar su predisposición a abrir una línea de diálogo con la Diputación General que evite dichas movilizaciones.
