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La Ley de Financiación del Transporte Público, un poco más cerca

La Ley de Financiación del Transporte Público, un poco más cerca

lunes 24 de septiembre de 2018, 07:00h

El transporte público contaría con 300 millones más al año en caso de que se aprobase una ley de financiación que ordenara los recursos que se le asignan, según la asociación de transporte público Atuc.

La Asociación reacciona así a la propuesta aprobada en la Comisión de Fomento la semana para la puesta en marcha de esta norma, instando al Ministerio de Fomento a que la tenga lista en seis meses.

Esta cantidad supone el 6% del coste del sistema de transporte, cifrado en 5.000 millones de euros, y provendría de una mejor gestión de las inversiones y de los flujos de fondos que permiten el funcionamiento del sistema, apuntan desde Atuc, añadiendo que este dinero se reintegraría en el propio sistema para ofrecer un mejor servicio.

La Comisión de Fomento insta al Ministerio a que, en seis meses, España deje de ser el único país sin esta Ley

Además, “la ausencia de un marco legal es más acuciante cuando se constata que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público, lo que provoca que no haya una ordenación racional de recursos. Esto significa que no está establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la administración estatal, que son los cuatro actores sobre los que se sostiene el sistema, pero sin existir una norma que establezca qué peso debe asumir cada uno de ellos”.

Los Ayuntamientos, ante la ausencia de esta Ley, “desconocen las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales tienen que estar elaborados con antelación. Por ello, la clave está en una planificación a medio y largo plazo para que las empresas sepan con antelación con qué financiación cuenta el sistema, mejorando así su eficiencia”.

Impuesto al diésel

Por otra parte, Atuc respalda la decisión de la Comisión de Fomento, tal y como venía pidiendo, de destinar al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones, una parte de lo que se recaude por equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina.

En concreto, Atuc reclama que sean, al menos, 500 millones de euros los que se inviertan en el sistema de transporte público. De esta manera, “se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por la movilidad sostenible para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, lo que serviría para disminuir los niveles de contaminación y luchar contra el cambio climático”.

En este sentido, el objetivo del impuesto es modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan, siguiendo la máxima de que “quien contamina, paga”. Por ello, el impuesto no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, es decir, el transporte urbano colectivo.