En primer lugar, la situación de provisionalidad y parálisis política que nuestro país ha venido sufriendo en el último año ha afectado negativamente al desarrollo de nuevas políticas económicas y sociales, generando incertidumbres que se han traducido en una ralentización de la actividad en los diferentes sectores productivos. Por ello, Fenadismer valora positivamente la conformación a la mayor brevedad de un Gobierno que se centre en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española, que reactive la economía y que transmita confianza a los mercados nacionales e internacionales.
Asimismo, se consideran “convenientes y necesarias” las diferentes medidas que se recogen en el acuerdo de gobierno de apoyo a las pymes, a través de del establecimiento de mecanismos financieros y técnicos dirigidos a su innovación e incentivos fiscales para la mejora de su eficiencia y para el fomento de su transformación digital.
Fenadismer valora positivamente la conformación a la mayor brevedad de un Gobierno que se centre en dar respuesta a los principales retos del Sector
En materia tributaria directa, también se considera positiva la propuesta de reducción de la fiscalidad que soportan las pymes, reduciendo la actual brecha fiscal existente con la que disfrutan las grandes empresas, aunque se echa en falta que no se contemple un plan de mejora de la fiscalidad específica para los autónomos. En lo referente a la tributación indirecta, el acuerdo establece que cualquier aumento en la fiscalidad medioambiental no recaerá en ningún caso sobre los autónomos y las pymes, por lo que en desarrollo de dicho compromiso Fenadismer exigirá que ante cualquier subida en el impuesto de los carburantes queden exentos todos los subsectores del transporte por carretera.
En el ámbito socio-laboral, la paulatina subida del Salario Mínimo Interprofesional contribuirá a armonizar los salarios que se perciben en el Sector del Transporte por carretera, que actualmente presentan notables diferencias en base a los 51 convenios provinciales que establecen las cuantías salariales. Asimismo, la propuesta de suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, que introdujo la reforma laboral, no tendrá consecuencias prácticas sobre las pymes y los autónomos, ya que de dicha ventaja competitiva en la práctica sólo se han venido favoreciendo las grandes empresas. Por otra parte, la referencia recogida en el acuerdo relativa a una actuación efectiva contra las deslocalizaciones, debe traducirse en combatir de forma efectiva la competencia desleal que ejercen las denominadas “empresas buzón”, domiciliadas en países del Este de Europa pero que operan de forma permanente en el mercado de transporte español, perjudicando gravemente el tejido empresarial español.
En materia de competencia, el acuerdo contempla perseguir las prácticas de competencia desleal y/o abuso de posición dominante de las grandes empresas multinacionales que perjudican a autónomos o pymes, que han sido relevantes en el Sector del Transporte, de los que cabe citar el cártel de fabricantes de camiones o las prácticas concertadas de fijación de precios por parte de las petroleras. Sin embargo, lamentablemente el acuerdo no recoge expresamente el establecimiento de un régimen sancionador que actúe contra la morosidad que actualmente soportan pymes y autónomos por parte de las grandes empresas, por lo que Fenadismer exigirá “su inmediata aprobación, ya que supone una lacra muy importante para su supervivencia y desarrollo económico”.
Por último, en el ámbito sectorial del transporte, las referencias contenidas en el acuerdo se limitan a medidas de impulso de la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística, el establecimiento de ayudas económicas para impulsar el vehículo con energías alternativas y la revisión del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad para garantizar su sostenibilidad y uso eficiente. Al respecto, Fenadismer considera que dicho acuerdo “no ha reconocido la importancia y necesidades específicas del Sector del Transporte por carretera, pese a que representa más del 5% del PIB, da empleo a más de 600.000 trabajadores y contribuye a las arcas públicas en más de 20.000 millones de euros anuales, por lo que una vez que el Gobierno sea finalmente nombrado e inicie su actividad, se solicitará con carácter inmediato la convocatoria de una Mesa de Trabajo para reactivar la negociación de las medidas que planteó el Sector al anterior Gobierno a finales de 2018, y que quedaron suspendidas tras la disolución de las Cortes a mediados del pasado año”.
