Fenadismer considera positiva dicha medida preventiva con el objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad vial
A principios de 2023 la Dirección General de Tráfico deberá poner en marcha un sistema de consulta on line para que las empresas transportistas de mercancías y viajeros puedan conocer el estado de perdida de puntos o suspensión del permiso de conducir de sus conductores asalariados sin necesidad de obtener su consentimiento.
Entre todas las novedades que ofrece esta medida, que incluye la reforma de la Ley de Seguridad Vial aprobada definitivamente el pasado jueves en el Parlamento, algunas afectan directamente al Sector del Transporte por carretera. La nueva ley recoge una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones del Sector, como es la posibilidad de poder consultar de forma ágil la situación administrativa de los permisos de conducir de sus conductores asalariados, bien en lo que se refiere a la pérdida de puntos o a la suspensión o pérdida de este por diferentes motivos.
Para que esas medidas se puedan llevar a cabo la DGT deberá poner en marcha, antes de Marzo de 2023, un sistema de consulta online para que las empresas puedan consultar si un conductor profesional está habilitado legalmente para conducir. Sin embargo, a fin de precisar las sustancias afectadas por dicha nueva regulación, durante su tramitación en el Senado se introdujo una enmienda para limitar las drogas susceptibles de control, añadiendo el calificativo de “drogas de abuso” (como puede ser la cocaína, anfetaminas, opiáceos, cannabis u otros) para diferenciarlas de otros productos adictivos (como el tabaco) admitidos socialmente y cuyo consumo no provocan efectos directos en la capacidad de conducción.
La nueva reforma contribuye a la seguridad vial
Fenadismer considera que esta medida es de carácter preventivo y que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, además de contribuir a una mejora de la imagen profesional del Sector del Transporte por carretera. De esta manera las empresas transportistas estarán dotadas de mecanismos legales de control que ayuden a minimizar la inseguridad jurídica.
También consideran importante el aspecto de la regulación reglamentaria y su desarrollo, el cual ha de garantizar la realización de este tipo de controles con una buena fiabilidad y confidencialidad, así como el establecimiento de procedimientos de actuación a seguir por las empresas en casos positivos.
