Fenadismer presentó el pasado mes de diciembre, junto con varias asociaciones territoriales, una ‘macrodemanda’ contra las principales compañías petrolíferas que operan en España “por su actuación continuada, durante más de una década, elevando artificialmente precios finales de los carburantes que se venden en nuestro país”.
La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento, según la Federación, en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) durante los últimos años, dando lugar a “una primera Resolución sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto, ha venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad”.
Fenadismer abandera una demanda que persigue las prácticas restrictivas de la competencia y la fijación de sobreprecios
En sus resoluciones, “la CNMC ha venido constatado que las citadas operadoras han continuado incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos, mediante los cuales fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicio independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas”.
Este asunto no es de ahora. Han pasado muchos años desde que se destapó, hace más de una década, y en este tiempo ha vivido diversos capítulos
A juicio de Fenadismer, “una prueba palpable de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia, en los que pese a la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional (en más de un 60%), apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes, que cayeron un 10%, incrementando de forma escandalosa sus márgenes de comercialización, como ya hicieron en la crisis económica de 2008”.
100 millones de euros
En la primera demanda colectiva interpuesta por parte de 3.500 empresas transportistas y autónomos ante los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, se ha reclamado un importe conjunto superior a los 100 millones de euros “en concepto de daños y perjuicios que ha supuesto la compra del combustible durante todos estos años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos”.
Asimismo, “se espera en los próximos meses interponer una nueva demanda de aquellos transportistas que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación, lo que podrán hacer en cualesquiera de las asociaciones territoriales que integran la Plataforma de Afectados por las Petroleras”, concluyen Fenadismer.
Por otro lado, los afectados por esta demanda han declarado en reiteradas ocasiones que “de lo que se habla aquí no es un pacto de precios”, y que los recursos están interpuestos, por lo que aún no se puede saber cuál será el desenlace de este proceso, añadiendo que “La Ley de Hidrocarburos reguló todo esto”. En la actualidad, se calcula que un 80% de los propietarios de estaciones de servicio tienen libertad para fijar el precio al que venden en sus respectivos establecimientos.
