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Las propuestas aprobadas en la Ley Crea y Crece dan un giro a la morosidad
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Las propuestas aprobadas en la Ley Crea y Crece dan un giro a la morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) valora el hecho de que sus principales enmiendas se hayan incluido en el proyecto

lunes 04 de julio de 2022, 07:00h

La entidad agradece a los diputados de PDECat, ERC, PSOE, Unidas Podemos, JuntsXCat y Ciudadanos, el esfuerzo realizado en la tramitación parlamentaria de esta reforma legislativa, para que finalmente hayan podido acometerse algunos cambios profundos que permitirá “no solo avanzar en reducir los plazos de pagos, sino que se controlará más a las empresas que no cumplan. Una Ley Crea y Crece más eficaz y eficiente en la que llevamos trabajando meses desde la Plataforma”, apunta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, quien ha seguido la aprobación de esta Ley desde el Congreso de los Diputados.

PMcM comenta positivamente los cambios introducidos en la Ley y tendrán un impacto significativo en la mejora de las condiciones de pago. A partir de ahora, los contratistas deberán demostrar en su comprobante de empleo que los pagos realizados a sus subcontratistas hasta la fecha cumplen con los términos de pago establecidos por la ley. Para las entidades, en el marco de la nueva Ley de Creatividad y Desarrollo, otro punto a destacar es el periodo de adaptación de las pymes y autónomos para adaptar sus sistemas a la facturación electrónica.

La sanción es clave


Asimismo, una de las modificaciones aprobadas es que para que las grandes empresas reciban subsidios, ahora deberán demostrar -a través de la certificación- que pagan puntualmente a los proveedores. Deben ser notificados a través de su sitio web que en sus cuentas anuales incluyan no solo los plazos de pago, sino también el número de facturas, el monto y el porcentaje pagado a tiempo.

Según Cañete, con esta medida “las AAPP ya tienen las herramientas para poder velar para que se paguen a los subcontratistas en los términos adecuados; ahora hace falta que se aplique la ley y que hagan cumplirla”.

También hay consenso en que una futura estación de vigilancia de incumplimientos publicará una lista de los principales morosos, y que el Comité de Pequeñas y Medianas Empresas del Consejo de Estado debe incluir representantes de asociaciones profesionales en el campo del incumplimiento.

Ley de Regulación del Comercio Minorista

En cuanto a la Ley de Regulación del Comercio Minorista (Lorcomin), la PMcM denunció la ambigüedad que generó al no especificar el plazo máximo en el que proveedores y compradores pueden pactar pagos aplazados, y pidió la eliminación del artículo 4 para adecuarlo a la ley por lo que este tipo de acuerdo es imposible.

Al hilo de la aprobación de la de la Ley Crea y Crece, el presidente de la PMcM ha señalado que: “Todas estas mejoras históricas en nuestro país y, que llevamos años reclamando a la Administración, protegen a pymes y autónomos frente a al cuello de botella de nuestra economía: los largos plazos de pago que se han convertido en una práctica habitual por parte de las grandes compañías y que han dejado a muchas pymes y autónomos por el camino”. Cañete ha añadido que: “En un momento clave como el actual, con la inflación disparada y el encarecimiento de la financiación, que ahoga aún más a nuestras pymes y autónomos, que hayamos llegado a este consenso y aprobado medidas que reducirán esos plazos de pagos es un hito para nuestra economía. Estamos ante una Ley de las más relevantes en los últimos años que ha de guiarnos y contribuir a la recuperación de nuestro país”.

Si bien la introducción de varias modificaciones al proyecto de ley de creación y crecimiento ha sido bien recibida, PMcM insiste en que la superación del delito es una acción decisiva, dados los peligros potenciales que acompañan el final del período de gracia del crédito ICO y la expiración de la moratoria concursal .
El presidente de la entidad, Antoni Cañete, reiteró que es clave la puesta en marcha de un régimen sancionador que imponga multas a las empresas morosas, y además obliga a las administraciones públicas a verificar el cumplimiento de la legislación para combatir la morosidad en sus cadenas de pago.