El texto aprobado por el Gobierno, justo el día que vencía el plazo al que se había comprometido con el Sector, “recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el Observatorio de Costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)”.
El nuevo régimen sancionador fija sanciones de hasta 4.000 euros para quienes no cumplan la Ley
Además, “se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Mitma y el sector establecido en el RD-Ley 3/2022 recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información”, para lo que se establece un plazo máximo de seis meses en el que se debe desarrollar “un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera”.
Ayudas directas
Del mismo modo, se articula un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros, justificado en la alta dependencia del precio del combustible de este sector estratégico. La línea, dotada con más de 450 millones de euros, se distribuirá por número y tipo de vehículo.
El Comité ya había demostrado su disconformidad con las primeras propuestas del Gobierno, diferencias que no se han solventado
Las ayudas a los autobuses urbanos es una de las novedades de este Real Decreto-ley respecto al paquete aprobado en marzo y se dirige a las empresas que presten servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos. De los más de 450 millones de euros, se reservan 12 millones de euros para este tipo de vehículos. Otra de las novedades es que los taxis con licencia para operar en Ceuta y Melilla también podrán optar a los fondos.
La ayuda acordada se concederá antes del 31 de diciembre de 2022, respetando en todo caso las Decisiones aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y sus sucesivas modificaciones.
El Sector no se conforma
Por su parte, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) reconoce que en el RD Ley “se formalizan nuevas ayudas directas al Sector en línea con las aprobadas en el RD-Ley 6/2022, por importe en esta ocasión de 450 millones de euros”, y que también “se define con mayor precisión el reglamento en cuanto al transporte de carga fraccionada en lo relativo a la prohibición de carga o descarga por parte del conductor”, aunque se lamenta de que la redacción final “no satisface las expectativas puestas al respecto por este Comité”.
De igual modo, en lo relacionado con la Ley de Cadena de Transporte, “cuyo objetivo es evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de costes y eliminar de manera eficaz los desequilibrios actuales en la contratación de los servicios de transporte, evitando con ello situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro”, el Comité ve “necesario desde ya hacer un seguimiento puntual de su aplicación efectiva, ya que el texto finalmente aprobado estimamos como no suficiente, ya que no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado. Deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación, para cuyo desarrollo dispondremos de un periodo de seis meses”.
En cualquier caso, “el Comité espera que las diferencias no sean insalvables y, para ello, estamos dispuestos a seguir trabajando en los próximos meses, siendo conscientes de la complejidad que supone la puesta en marcha de esta normativa, cuya publicación consideramos como importante, pero cuyo contenido en nuestra opinión deja sin resolver el objetivo para la que se acordó”.
Anetra
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), valora positivamente la “ayuda directa por autorización” para el transporte de pasajeros por carretera, entendiendo que “alivia ligeramente la liquidez de las empresas de transportes de viajeros discrecional, regular de uso especial y turístico, dado que el incremento de los precios de la energía, los combustibles y productos derivados, suponen más de un 20 % de los costes por autocar”.
Sin embargo, levantan la voz al entender que “no se ha recogido lo anunciado por la ministra Raquel Sánchez el pasado 14 de julio, de que se habilitaría legalmente, a todas aquellas Administraciones que lo deseasen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, pudiendo realizar un reequilibro de sus contratos de transporte en autobús para compensar los costes extraordinarios que han supuesto la subida de los precios del combustible y sus derivados”.
“La ministra había anunciado que, en la nueva normativa, se iba a introducir una habilitación para tal fin, que sería aplicable tanto para aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario”, recuerdan desde la Asociación.
Se considera que sin ese apoyo y la “revisión extraordinaria de precios en los contratos públicos, estimamos que van a desaparecer muchas empresas de transporte de viajeros al no poder asumir los costes y no trabajar a un precio justo”.
Los descuentos y las medidas de gratuidad acordadas por el Gobierno, fundamentalmente para desplazamientos en trenes de Cercanías, de trenes operados por Renfe, en larga y media distancia, así como determinados transportes urbanos, a juicio de Anetra “no sólo van a perjudicar a las líneas regulares”, sino que también puede producir un desplazamiento de viajeros de discrecional, que, en vez de utilizar el autobús, busquen destinos a los que llegar únicamente a través del ferrocarril.
