'Una medida de alto impacto y con incertidumbres'

Hasta la fecha, la realización de estas operaciones de carga y descarga por parte de los conductores dependía de un acuerdo entre empresa transportista y empresa usuaria del transporte, que debía quedar reflejada por contrato y remunerada como servicio separado.

Según los datos que manejamos en Aecoc, en el sector del gran consumo el 70% de las operaciones de descarga y el 30% de las de carga las realizaban los conductores. Esto significa que la nueva normativa supone un cambio en el 50% de las operaciones de carga y descarga del Sector.

'Cabe preguntarse cómo se ha podido aprobar una normativa de tanto calado sin tener en cuenta a una de las partes más afectadas'

Con estas cifras cabe preguntarse cómo se ha podido aprobar una normativa de tanto calado sin tener en cuenta a una de las partes más afectadas. La prohibición de que los conductores realicen operaciones de carga y descarga es una reivindicación histórica y legítima de los transportistas, pero no podemos obviar que su aplicación comporta que las empresas usuarias del transporte deben alterar sus procesos y dotar de mayores recursos sus espacios logísticos, además de renegociar condiciones, cumplir con la legislación laboral, implicaciones en el área de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, pólizas de seguro, etc.

Aecoc, como asociación representante de las empresas usuarias del transporte, ha estado en contacto constante con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero la realidad es que en la mesa de negociación tan solo participaron los representantes de los transportistas. Más aún, la normativa se acabó aprobando por vía de urgencia mediante un Real Decreto Ley, lo que limita la posibilidad de participación pública tanto de los agentes sociales como del propio Congreso de los Diputados.

Medidas no consensuadas

El resultado es un paquete de medidas (como la que estamos tratando) no consensuadas y que difícilmente resolverán los problemas estructurales del Sector. Al contrario: a corto plazo añadirán mayor complejidad, costes y tensión a toda la cadena logística.

No se trata tan solo de una ley que, recordemos, supone alterar el 50% de las operaciones de carga y descarga con la consecuente inversión en recursos que deben asumir las empresas usuarias del transporte. Es que hasta el pasado 2 de agosto no conocimos los detalles en la aplicación de la normativa, como la excepción de la prohibición en el caso de las operaciones realizadas en puntos de venta.

En este mes que ha pasado entre la concreción de la norma y su entrada en vigor, las empresas han tenido que adaptar su operativa e invertir en recursos para dar respuesta a un cambio legislativo que, insisto, impacta a la mitad de las operaciones de carga y descarga. Y todo en plena campaña de verano y en un contexto de inflación e incertidumbre que afecta a todos los actores implicados en la cadena del transporte.

'La ambigüedad de la ley en cuestiones tan importantes genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica'

A pesar de los exiguos plazos concedidos para la aplicación de la norma, lo cierto es que el texto aprobado el 2 de agosto (el Real Decreto-ley 14/2022) acababa con la incertidumbre respecto a cómo se iba a aplicar la prohibición de la carga y descarga. No podemos decir lo mismo de otros aspectos incluidos en el Real Decreto-ley 3/2022 y que son críticos para las operaciones de transporte, como la definición del concepto de carga fraccionada o las tareas de estiba y desestiba, las paralizaciones, la cláusula de revisión del combustible o la implantación de la carta de porte.

La ambigüedad de la ley en cuestiones tan importantes genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica no solo en las empresas cargadoras, sino también las empresas de transporte.

A pesar del impacto de la norma, de la complejidad que supone su aplicación y del escaso margen temporal para su puesta en marcha, las empresas usuarias del transporte están haciendo un gran esfuerzo para adaptar sus operativas y cumplir la ley. Las compañías están dotando de recursos los puntos de carga y descarga para llevar a cabo las operaciones que antes realizaban los transportistas.

La prohibición de la carga y descarga por parte de los transportistas es una medida que no genera consenso entre todos los agentes que forman parte de la cadena de transporte, y que añade complejidad y costes a las operaciones. Sin embargo, hay muchos otros ejes decisivos para el futuro del transporte, como la transparencia de la cadena o la mejora de las condiciones de los transportistas para hacer atractivo el Sector.

En el último Foro del Transporte, tanto Aecoc como el CNTC remarcaron la necesidad de volver a crear espacios de debate y negociación en los que estén representados todos los agentes de la cadena del transporte. Una iniciativa imprescindible para romper un ciclo de tensión con la amenaza de paro siempre presente e impulsar medidas de consenso".