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España es el tercer país de Europa con la inversión más baja en transporte público

España es el tercer país de Europa con la inversión más baja en transporte público

El tren recibe la mayor parte de la financiación del Estado pese a que el autobús transporta al 60% de los viajeros

lunes 28 de noviembre de 2022, 07:00h

La organización autonómica de España ha permitido que cada territorio adecúe los servicios prestados a su propia realidad demográfica y física, pero de forma simultánea provoca, según se revela en este trabajo, que la administración central actúe de forma no uniforme originando desigualdades evidentes entre ciudadanos de diferentes regiones. El reparto de las subvenciones depende de la residencia de los viajeros (las subvenciones por viajero en la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña llegan a ser hasta seis veces superiores a las de otras Comunidades Autónomas).

La colaboración público-privada es imprescindible en momentos como el actual

El desigual reparto de las subvenciones públicas al transporte terrestre que otorga España en todos los ámbitos, favorece al ferrocarril frente al autobús y a los principales núcleos metropolitanos frente al resto del territorio. La tramitación de la futura Ley de Movilidad sostenible se presenta así, como una oportunidad única para desarrollar un modelo equitativo, económicamente racional y de funcionamiento predecible en el tiempo.

Las ingentes inversiones derivadas del proceso de transformación energética que demanda la descarbonización, necesitan de un modelo económicamente sostenible y sobre todo consensuado para evitar las perturbaciones de una política cambiante sobre el ejercicio de un derecho como es el de la movilidad, que es imprescindible para garantizar la igualdad ciudadana.
Según destacó Rafael Barbadillo, presidente de Confebus: “Se pone de manifiesto la necesidad de una política integral y sostenible de movilidad que contemple a todos los modos del transporte colectivo de personas de manera conjunta y equilibrada. En este sentido, la futura Ley de Movilidad debe ampliar el ámbito de la financiación del sistema de transporte público a todo el territorio”.
Para José Carlos Díez, “la colaboración público-privada es imprescindible en momentos como el actual, con un déficit público creciente y una deuda pública cada vez más cara. Debe concienciarse a la ciudadanía de la imposibilidad de mantener compromisos de gasto público cada vez más altos sin incrementar los ingresos o mejorar la gestión del gasto”. “El sistema de transporte público concesional garantiza la prestación de los servicios de Movilidad en condiciones de equidad y debería ser una garantía más de la igualdad de derechos del ciudadano con independencia del territorio en el que habita. Autobús y ferrocarril se complementan por cuanto el volumen de transporte que es capaz de mover el tren se refuerza con la capilaridad, a precio razonable, que ofrece el autobús”.

A su vez, Miguel Ángel Ochoa, presidente del Patronato de la Fundación Corell señaló que “la competencia entre ferrocarril y carretera es sana y necesaria, pero lamentablemente el ferrocarril siempre resulta beneficiado frente las concesiones de transporte de viajeros por carretera porque se considera que sólo los servicios prestados por empresas de titularidad pública son verdaderos servicios públicos”.