El Parlamento establece con esta ley el reparto de los costes totales de financiación que no sean cubiertos por ingresos tarifarios o por otros devengos afectos al servicio (publicidad, patrocinios u otros), de modo que el 65% de dicha cantidad corra a cargo de la Administración foral y el 35% restante recaiga sobre los municipios (antes era un 40%), en cuantía proporcional al número de habitantes.
En el caso de que el Plan de Transporte no sea modificado o actualizado, la proposición de ley fija que se entenderá automáticamente prorrogado con el incremento correspondiente al IPC de Navarra. Y si los aportes resultantes de la prórroga no fueran suficientes, las participaciones de la Administración y los municipios se ajustarán en una misma proporción, conforme a las establecidas para el último ejercicio del Plan que se prolonga.
