El Gobierno de Canarias ha impulsado la modificación parcial de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias mediante la presentación conjunta por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC) y el Grupo Parlamentario Socialista (PSC-PSOE) de un paquete de enmiendas al (8L/PL-0021) proyecto de ley de acompañamiento de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
“De las propuestas planteadas en el paquete de enmiendas conjuntas de CC y PSOE existen algunas tremendamente perjudiciales para el conjunto de la movilidad”, expone la federación, enumerándolas:
1. Limitación para que las guaguas no puedan circular con menos de seis usuarios.
2. Llimitaciòn para que no puedan otorgarse nuevas autorizaciones para limusinas y que las que actualmente están concedidas no puedan operar libremente en puertos ni aeropuertos.
3. Limitación para que los taxis cuyas licencias no pertenecen a los municipios en los que están radicados los puertos o aeropuertos tengan vetada su operatividad en dichas infraestructuras.
“En el mes de Julio tanto empresarios como cabildos insulares habían mostrado al Consejero y a la Directora General de Transportes autonómica una agria crítica sobre el manifiesto oscurantismo en la elaboración y tramitación de las iniciativas sobre normativas sectoriales sin que la Mesa del Transporte hubiera sido informada, vulnerando así su carácter de órgano consultivo sectorial”, aseguran desde la FET. “Lejos de corregir el modo de proceder de la administración canaria, los empresarios de transportes asisten con asombro a la presentación por sorpresa el 02 de Septiembre de un documento suscrito conjuntamente por CC y PSOE en el que plantean aprovechar la tramitación parlamentaria de una ley de medidas fiscales para incorporar por la puerta falsa la modificación de algunos artículos de la ley canaria de transporte cuyo texto no ha sido presentado ni consensuado con ninguna organización empresarial ni con ningún cabildo insular”.
Al respecto, la FET ha asegurado que mantendrá en los próximos días una ronda de encuentros con todos los grupos parlamentarios “con la intención de reconducir este atentado directo contra la movilidad canaria habiendo acordado en sus órganos directivos la solicitud de autorización ante la Delegación del Gobierno en Canarias para la organización de movilizaciones en el caso de que no se resuelva antes de su votación en pleno el conflicto provocado por los nacionalistas con el apoyo de socialistas”.
