El modelo de financiación de las infraestructuras viarias en España atraviesa un momento de transición. Según el informe “Balance económico, fiscal, social y medioambiental del sector transporte en España” de la Fundación Corell, los ingresos de las concesionarias de autopistas de peaje alcanzaron en 2021 un total de 1.253 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a los niveles de 2012, cuando rozaban los 2.016 millones.
La reducción, cercana al 38 % en una década, se explica principalmente por la reversión de varias autopistas al Estado tras la finalización de sus contratos de concesión, lo que ha reducido el número de vías en explotación privada.
El Sector, principal usuario de estas infraestructuras
El traspaso de concesiones al Estado ha generado un debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad financiera de las infraestructuras viarias. Mientras las concesionarias aportan ingresos directos a través de peajes, las autopistas revertidas requieren financiación pública para su mantenimiento y conservación, lo que incrementa la presión sobre los presupuestos generales.
El sector del transporte por carretera, principal usuario de estas infraestructuras, observa con atención la evolución de este modelo. Un descenso en los ingresos por peajes puede traducirse en mayores costes de mantenimiento asumidos con cargo a los impuestos generales, lo que afecta a la equidad fiscal entre los distintos modos de transporte.
Desde la Fundación Corell se apunta a la necesidad de abrir un debate sobre la financiación de las carreteras en España, valorando fórmulas que garanticen un mantenimiento adecuado sin cargar de manera desproporcionada sobre unos pocos sectores.