El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ofrecido a las comunidades autónomas una financiación extraordinaria de más de 40 millones de euros para que asuman la gestión directa de los servicios de transporte regional por carretera que actualmente son prestados bajo concesiones estatales. La medida forma parte del avance hacia un nuevo mapa concesional, cuyo diseño busca adaptar el transporte interurbano a la realidad actual de movilidad, con mejoras tanto en tarifas como en tiempos de viaje.
El plazo para que las autonomías comuniquen su decisión expira el 15 de septiembre, fecha límite que permitirá seguir avanzando en los procesos de licitación sin mayores retrasos. Si alguna comunidad opta por no aceptar la segregación de servicios, el Estado continuará gestionando esos trayectos mediante las actuales concesiones estatales.
El nuevo mapa concesional, en desarrollo desde 2022, plantea una reorganización profunda de las rutas interurbanas, con la premisa de mejorar la eficiencia del sistema sin eliminar ninguna parada existente. El Ministerio asegura que, incluso en los casos donde no haya acuerdo con las comunidades, ningún municipio quedará sin servicio.
Las mejoras planteadas no son menores: se prevé una reducción media de 20 minutos en los trayectos, pudiendo llegar hasta las 3 horas en ciertos corredores, y una rebaja de tarifas cercana al 20%. Además, el rediseño implicaría una mayor ocupación de los vehículos (hasta un 40%), lo que se traduciría en una reducción de emisiones por pasajero de hasta el 25%.
Por su parte, la financiación anunciada representa la primera vez que el Estado pone fondos específicos a disposición de las comunidades autónomas para cubrir servicios que, hasta ahora, eran gestionados desde la Administración General del Estado. El objetivo es fomentar un modelo descentralizado y más adaptado a la demanda local, pero siempre en coordinación con la red estatal de largo recorrido.
Desde la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) se ha reclamado voluntad política y diálogo responsable entre el Ministerio y las comunidades autónomas para alcanzar consensos. En palabras de la entidad, el nuevo mapa concesional es “clave para garantizar la continuidad del servicio por todo el país, en condiciones de máxima calidad, seguridad y precios asequibles”.
La patronal subraya la urgencia de renovar los contratos tanto estatales como autonómicos, muchos de ellos ya vencidos, y recuerda que el sistema público de transporte por carretera se sostiene gracias a la colaboración público-privada, basada en procesos de licitación que requieren estabilidad, planificación y entendimiento entre administraciones.
En definitiva, el Ministerio ha lanzado una propuesta que pone en manos de las comunidades una decisión clave para el futuro del transporte regional, con financiación extraordinaria incluida y el compromiso de mantener los servicios en todo el territorio. Ahora, el reloj corre hacia el 15 de septiembre.